Incertidumbre jurídica y desconfianza institucional

Veamos algunos ejemplos. El Consejo Nacional Electoral nombró a tres conjueces para que conceptuaran sobre el fallo del magistrado J.J. Vives sobre presuntas irregularidades en el proceso de recolección de firmas y de financiación del referendo. Sin embargo, las decisiones de los conjueces no fueron acogidas por sus propios nominadores e incluso el Presidente de la Corporación propuso nombrar a otros conjueces, para que revaluaran lo que los primeros habían decidido. ¿Hubiera pasado lo mismo si las posiciones hubieran coincidido con las suyas? Probablemente no. En pocas palabras, si un fallo no me gusta, lo desconozco.

De igual manera, hace apenas tres días se venció el plazo establecido por la Ley de Garantías para que el Presidente de la República manifestara su intención de aspirar a este cargo. No obstante, no es claro si esta disposición era aplicable, nuevamente por la incertidumbre y las tribulaciones del alma que rodean todo el proceso reeleccionista. Mientras que algunos consideran que el presidente Uribe no podía expresar sus intenciones, porque legalmente aún no puede ser candidato, otros sostienen que tenía que hacerlo en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley.

Algo similar sucede con la reglamentación por parte del Congreso de la República de algunas disposiciones de la reforma política de 2009 relacionadas con la financiación de las campañas, la organización de los partidos y las sanciones aplicables a éstos por vínculos de sus candidatos con actores ilegales. De no ser aprobado este marco legal, estaríamos en el peor de los mundos: enfrentados a un proceso electoral sin normas claras y con todos los riesgos de que se repitan, sin sanciones, el fraude, la corrupción, la financiación ilegal, la cooptación, las amenazas y la violencia que vivimos en el pasado.

Lo único claro que se desprende de este recuento es que una de las decisiones más importantes que deberán tomar los colombianos en los próximos meses y que va a incidir en la calidad y en el futuro de nuestra democracia, está inmersa en una gran incertidumbre jurídica. A pocos meses de los comicios, el país navega en medio de la confusión y de la falta de certeza sobre las normas que regirán su futuro político. Y todo esto sucede porque nos hemos acostumbrado a la idea de que las normas deben adaptarse a las necesidades de quienes se benefician de ellas. Que unos ciudadanos están obligados a cumplirlas, y que otros las pueden obviar.

Cuando esto sucede, cuando los ciudadanos pierden la confianza en los responsables de hacer cumplir las normas, los riesgos de la fractura institucional se hacen inminentes. Entonces, no hay confianza inversionista que valga.