Información y control ciudadano a los acuerdos agrarios

Entre tanto, la solución a esta situación de crisis agraria, como la ha calificado el presidente de la República, ha sido precisamente la adopción de nuevos acuerdos. Sin duda, la implementación de esta nueva serie de compromisos influirá en que el Gobierno genere mayores niveles de frustración o —idealmente— de satisfacción, tanto en los cientos de campesinos que se han movilizado en distintos departamentos del país, como de ciudadanos que se han solidarizado con las demandas legítimas del sector agrario.

Ahora bien, ¿sabe el país cuáles fueron los compromisos incumplidos, cuál es el contenido de los nuevos acuerdos y qué capacidad real tiene el Gobierno para cumplirlos? Muy probablemente, para los ciudadanos que no entienden de aranceles de fertilizantes o de costos de producción de los alimentos, la respuesta es no. La respuesta igualmente podría ser negativa para muchos campesinos que salieron a bloquear las vías, pero que hasta el momento no conocen cómo el Gobierno aliviará su situación.

Esta asimetría de información podría ser calificada como un escenario propicio para justificar incumplimientos y, en el peor de los casos, de comportamientos indebidos en la gestión de intereses públicos —bien sea por parte del Estado o de colectivos cívicos—. Pero el mayor problema que genera es un cuestionamiento a la legitimidad tanto de la protesta social como de las medidas adoptadas por el Gobierno. La ausencia de información o, lo que es prácticamente lo mismo, la existencia de la misma pero sin debida divulgación o en lenguaje poco claro para la ciudadanía, es uno de los principales obstáculos que el país necesita superar para canalizar las demandas sociales bajo principios democráticos y del Estado de derecho, y para que la institucionalidad pública logre revertir los altos niveles de desconfianza de la ciudadanía.

Resolver esta asimetría de información de manera ágil podría ser relativamente sencillo mediante el uso de los múltiples canales de difusión masiva públicos y privados disponibles actualmente, y que van desde las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales que alentaron las protestas, hasta las formas tradicionales de comunicación social que tienen alta incidencia en buena parte del territorio rural nacional. Esta es una inversión de relativo bajo costo pero de altísimo rédito en materia de legitimidad y gobernabilidad que el Gobierno y los líderes sociales que han impulsado las protestas deberían realizar. El complemento de estas acciones es fortalecer en el corto y mediano plazo las capacidades de organizaciones sociales y redes rurales para hacer un control ciudadano activo al cumplimiento de los acuerdos, lo cual a su vez favorecería una rendición de cuentas permanente por parte de la institucionalidad pública. Estas son algunas de las claves fundamentales que permitirían revertir el círculo vicioso de incumplimiento, protesta y desconfianza que tanto conflicto le ha generado al país.

*** Directora ejecutiva, Transparencia por Colombia.