La lucha contra la corrupción en la agenda del posconflicto

Muchas de estas propuestas coinciden con las sugerencias y recomendaciones que desde la sociedad civil se le han venido haciendo al Gobierno Nacional. Entre ellas, las de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las de Transparencia por Colombia, que hace unas semanas le entregó el documento Recomendaciones sobre transparencia y lucha contra la corrupción para el Gobierno Nacional. Una mirada desde la sociedad civil (http://bit.ly/PolicyPaperTpC2014).

Entre los anuncios están la puesta en marcha de un enfoque más territorial y descentralizado; la focalización en áreas prioritarias —salud, minas y educación—, particularmente sensibles a la corrupción; iniciativas para combatir el soborno transnacional, la responsabilidad de las personas jurídicas y la capacitación de la Unidad Nacional Anticorrupción en estos temas, y la designación de un fiscal permanente para apoyar las investigaciones sobre los casos emblemáticos de corrupción.

Si bien estos cambios son positivos, se les debe dar continuidad a normas, políticas y programas que se diseñaron durante el cuatrienio anterior y que aún están sin reglamentar o en proceso de implementación. También es importante llamar la atención sobre algunos temas que deben recibir especial atención. Entre ellos, los riesgos de corrupción y de captura del Estado asociados al sistema político electoral y a la incidencia indebida de intereses particulares en la gestión de lo público. Entre otros, la opacidad de la financiación de las campañas, la ausencia de sanciones efectivas a quienes violan las normas, la utilización de recursos del Estado con fines electorales, el intercambio de favores entre financiadores y elegidos y el ingreso de recursos provenientes de actividades ilegales a las campañas. Las debilidades del sistema de pesos y contrapesos del Estado, que afecta la autonomía e independencia de las ramas del poder público y su capacidad de ejercer controles, de investigar y sancionar casos de corrupción. Y las dificultades que aún enfrentan quienes ejercen el control social, en particular organizaciones de la sociedad civil que no cuentan suficientes garantías para asegurar su independencia y legitimidad.

Teniendo en cuenta los diálogos de paz, un eventual escenario de posconflicto y las elecciones de 2015, los temas de transparencia y lucha contra la corrupción serán fundamentales para superar los altos niveles de desconfianza que la corrupción ha generado entre actores públicos, privados y sociales, para fortalecer la institucionalidad pública, alcanzar mayores niveles de transparencia en la inversión de los recursos públicos, condiciones de equidad y calidad de vida que contribuyan a la estabilidad política, económica y social y el pleno respeto de los derechos humanos. Para ello es prioritario ejercer un efectivo control y seguimiento a recursos nacionales e internacionales que se destinen a la implementación de las políticas y programas que se desprendan de los acuerdos de paz.