La Veeduría en trance de perder sus dientes

Todos ellos responden al propósito de fortalecer a la Veeduría para que pueda cumplir con su objetivo de luchar contra la corrupción, de contribuir a la transparencia y la integridad y de poner en marcha mecanismos y herramientas de prevención. Para esto se requieren recursos financieros, apoyo y coordinación institucional, y por supuesto voluntad política de la administración distrital, pero especialmente del alcalde y de sus cercanos colaboradores.

Hace unos días, algunos medios informaron sobre un supuesto desacuerdo entre el alcalde y la veedora debido a un informe que esta última habría enviado a la Procuraduría sobre la modificación de los manuales de funciones de algunos cargos, con el fin de que algunos funcionarios que fueron nombrados pudieran posesionarse. Aparentemente al burgomaestre y a algunos miembros de su equipo les molestó que la información se hubiera hecho pública, lo cual fue calificado como un acto de deslealtad, que la veedora negó porque ella no filtró la información. Además se adujo la violación de la confidencialidad que debe acompañar a las actuaciones e informes de la Veeduría.

Por supuesto, las normas y las leyes son importantes y deben acatarse. Sin embargo, éstas no pueden convertirse en un obstáculo, y mucho menos en una excusa, para impedir que los funcionarios públicos cumplan con su deber en el marco de las funciones que la Constitución y la ley les asigna. Como lo señala el artículo 118 del Estatuto Orgánico de Bogotá, “la Veeduría verificará que se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes y pedirá a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para subsanar las irregularidades y deficiencias que encuentre”. Es evidente que esto va más allá de emitir opiniones. Pero además, los servidores públicos deben guiarse por unos parámetros éticos que en ocasiones trascienden las normas.

Si la administración distrital está realmente comprometida con la defensa de la transparencia, debe estar dispuesta a observar y a dejarse observar, como acertadamente lo exigió el entonces precandidato Petro cuando contribuyó a destapar el escándalo de la corrupción de la pasada administración capitalina.

El hecho de que un determinado funcionario sea nombrado por el alcalde y, por ende, “dependa” de él, no lo exime de su obligación ética y moral de informar a las autoridades competentes cuando detecta posibles irregularidades, máxime cuando entre las funciones de la Veeduría está la de “apoyar a los funcionarios responsables de lograr la vigencias de la moral pública en la gestión administrativa…”.