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Legalidad, “mermelada” y conversación son palabras frecuentes en los discursos del presidente Duque. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la legalidad remite al ordenamiento jurídico vigente. Es decir, al marco de normas que rigen los deberes y derechos de los ciudadanos de una nación y definen los alcances y los límites de su accionar y el de los gobernantes.
En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 del gobierno Duque, el primero de 14 pactos es el “Pacto por la legalidad”. Actuar en el marco de la legalidad es un propósito loable, irrenunciable y esencial para el cabal funcionamiento del Estado de derecho. No es una opción, sino una obligación que todos los gobernantes, servidores y funcionarios públicos deben cumplir. Pero no todo lo legal es legítimo.
Sin embargo, las decisiones o actuaciones de los gobernantes no siempre se ajustan al significado de las palabras y estas corren el riesgo de convertirse en muletillas. ¿Cómo entender que un Gobierno que promueve la legalidad, habiendo sido alertado meses atrás por congresistas en ejercicio y magistrados de las altas cortes sobre las “chuzadas” de las que estaban siendo objeto, no tomó acciones para identificar y sancionar ejemplarmente a quienes presuntamente estaban detrás de estas acciones? ¿O que miembros del partido de gobierno públicamente pretendan restarles gravedad a estas prácticas claramente ilegales argumentando que también sucedieron en gobiernos anteriores? ¿O que se afirme con certeza que el Eln y las disidencias son los responsables del asesinato sistemático de líderes sociales pero no se haya avanzado significativamente en las investigaciones, capturas y sanciones correspondientes?
Otro ejemplo de cómo el uso inadecuado de ciertas palabras puede tener el efecto contrario al deseado es el de la “mermelada”. La mayoría de los colombianos recibimos con beneplácito la decisión del presidente Duque de eliminar la práctica de intercambiar apoyos, principalmente en el Congreso, por favores políticos. Sin embargo, esta determinación, llevada a extremos y no sin algunos tintes populistas utilizados para descalificar a gobiernos anteriores, desconoce la importancia de lograr consensos programáticos con los partidos que tienen representación política como una forma de construir gobernabilidad —la que tanta falta le hace al presidente—, sin que esto conlleve transacciones ilegales o ilegítimas.
Finalmente, en respuesta a las masivas movilizaciones ciudadanas que se dieron desde el paro nacional del pasado 21 de noviembre, el Gobierno convocó a “conversaciones” con representantes de diferentes sectores sociales y políticos. Acudo nuevamente al Diccionario de la RAE, que define la conversación como la “acción y efecto de hablar familiarmente una o varias personas con otra u otras”. Es importante conversar, pero surge la pregunta de si este ejercicio responde a las expectativas de la ciudadanía y a la magnitud de las demandas. ¿Cómo pasar de la conversación a la construcción colectiva de consensos y a las soluciones?
Las palabras, en fin, pueden desgastarse. Pero cuando esto les ocurre a los gobernantes, lo que está en riesgo es la democracia.
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