Los avales o la historia que se repite

A pesar de las advertencias sobre los riesgos electorales, muchos de estos candidatos fueron elegidos y posteriormente varios fueron suspendidos de sus cargos, investigados o condenados por diferentes delitos, incluyendo vínculos con grupos paramilitares —dando origen a la parapolítica— y con bandas criminales. Los partidos políticos no están obligados a entregarle el aval a un aspirante y negarlo no viola ninguna norma.  Los avales tienen el propósito de responsabilizar a las organizaciones partidistas de las actuaciones de quienes son elegidos en su nombre y se supone que los aspirantes representan su  proyecto político.  Con frecuencia en las decisiones también inciden razones como el prestigio, la popularidad o el caudal electoral del candidato o la cantidad de recursos económicos que puede movilizar, criterios que por sí mismos no son ni buenos ni malos. Sin embargo, los cuestionamientos surgen cuando estas condiciones se utilizan para ejercer presiones indebidas sobre los electores, para manipular a las autoridades electorales o para perpetuar en las regiones la influencia de clanes y familias políticas y en ocasiones la de grupos ilegales para asegurar la continuidad de prácticas políticas corruptas en las administraciones. También es importante recordar que si bien ante la ley los responsables del otorgamiento de los avales son los directores de los partidos, la responsabilidad política también les compete a quienes apoyan a los candidatos.  Esto incluye a los jefes políticos nacionales y regionales, quienes precisamente por conocer la dinámica política de sus departamentos tienen más elementos para evaluar la trayectoria de los aspirantes. Se ha vuelto un lugar común decir que en Colombia no existen los delitos de sangre y que se debe respetar la presunción de inocencia.  Así mismo, que las responsables de entregar información sobre antecedentes e inhabilidades de los candidatos son las respectivas entidades del Estado. O que detrás de las denuncias se pueden mover intereses de los contendores políticos.   Todo esto es cierto.  No obstante, la responsabilidad y la obligación de los partidos y sus directivos es evitar que personas cuestionadas y con vínculos directos o indirectos con la ilegalidad sean elegidas. Los resultados de los índices de riesgos de corrupción en departamentos y municipios del país que recientemente divulgó Transparencia por Colombia muestran que persisten grandes vulnerabilidades en la gestión administrativa de estas entidades.  Una de las formas para cerrar estas brechas es blindar a las alcaldías y a las gobernaciones de la posibilidad de que a ellas lleguen personas que saben cómo aprovecharse de estas debilidades para perpetuar su poder o el de quienes los apoyan. Un riesgo de corrupción es una oportunidad para que los corruptos actúen.  La entrega indiscriminada de avales sin duda abre de par en par las puertas para que esto suceda.