Obsoletos, ineficientes y poco transparentes

Entre ellos sobresalen la elección de 78 congresistas —número superior al de 2002 y 2006— que, según cifras de la MOE y de otras organizaciones, son herederos o están siendo investigados por vínculos con la parapolítica, y que recibieron el aval de sus partidos a pesar de las alertas existentes; los cerca de 2’750.000 votos nulos, 850.000 tarjetones no marcados y una abstención mayor al 55%, que responden, entre otros, a la proliferación de candidatos, la pobreza de las propuestas electorales, desinterés y hastío de los ciudadanos con los políticos, la falta de información clara y oportuna a los potenciales electores, los incontrolables ríos de dinero que fluyeron para trastear electores, comprar votos y aparentemente también jurados de votación, amén de la manipulación de testigos electorales.

A esto se suma una tecnología electoral obsoleta que no les ofrece las garantías necesarias a los electores, a los partidos y a los candidatos. Por ejemplo, no obstante que la ley obliga que haya voto electrónico, en los pasados comicios tampoco se puso en marcha, aduciendo razones presupuestales. De igual manera, la identificación biométrica se implementó en muy pocos lugares, en algunos presentó problemas y en otro un gobernador intentó suspender su utilización por supuesta acumulación de electores en las filas. Y qué decir de las inconsistencias entre las cifras del preconteo de los votos y los escrutinios posteriores, de la demora en la entrega de ciertos resultados, no todo ello necesariamente indicativo de fraude, pero sí generador de desconfianza y de argumentos para descalificar los resultados.

Si bien no es la primera vez que se dan estos fenómenos, es evidente que el problema no es sólo del diseño institucional, que sin duda debe mejorarse. Ante todo, lo que vimos el 9 de marzo fue la reiterada incapacidad del Estado y la falta de voluntad política de éste, de partidos y candidatos, de enfrentar los problemas estructurales que aquejan al sistema político-electoral colombiano: captura del Estado —sobre todo a nivel departamental y municipal— por intereses particulares y en muchos casos por la ilegalidad; partidos políticos débiles, sin una identidad clara, que sustentan su supervivencia en el poder de unos caciques —algunos mejor vestidos que otros—; ciudadanos que no sancionan ni política ni socialmente a los corruptos, ni a quienes los utilizan para beneficiarse a costa de ellos.

Los resultados del 9 de marzo son una nueva constatación de que el país requiere de una reforma política y electoral profunda, no un simple maquillaje para tapar algunas imperfecciones, construida con la activa participación de la sociedad civil y de todos los partidos y movimientos políticos. La ciudadanía debe exigirles a todos los candidatos presidenciales que asuman este compromiso como una de sus prioridades.