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En medio de procesos electorales en varios países de la región, no soplan vientos con buenas noticias para América Latina. Para mencionar solo algunos ejemplos, en Ecuador, el recién posesionado presidente Daniel Noboa decretó hace unos días el estado de excepción y declaró que su país enfrenta un conflicto armado interno, otorgándole poderes especiales a las Fuerzas Armadas. Esto va acompañado de la restricción de derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio. El detonante fue la violencia desatada en varias cárceles y la fuga de peligrosos delincuentes.
En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arévalo debe asumir el cargo el 14 de enero. Sin embargo, como señala el analista Daniel Zovatto, esto sucederá en un contexto de deterioro de la institucionalidad democrática y la férrea oposición de las élites, las cuales se niegan a perder el control de las instituciones, que les ha permitido acumular poder y pasar por alto su accionar corrupto.
En El Salvador, el candidato-presidente Bukele, mediante una jugadita para omitir la prohibición constitucional de la reelección consecutiva, renunció a su cargo y nombró a su segunda a bordo presidenta interina. Seguramente ganará las elecciones el 4 de febrero. Su popularidad del 80 %, basada en la reducción de la criminalidad y los homicidios en uno de los países más violentos de la región y del mundo, se ha convertido en su patente de corso para violar los derechos humanos, ejercer control sobre instituciones como el Congreso, poderes locales y la justicia. El riesgo, citando de nuevo a Zovatto, es que la “bukelización” se extienda por América Latina como pólvora. Para no ir muy lejos, en las recientes elecciones en Colombia, varios candidatos a gobernaciones y alcaldías se refirieron a los éxitos de esta política y algunos elegidos nombraron a exmilitares para hacerse cargo de los temas de seguridad en sus circunscripciones.
En Panamá, en mayo, se realizarán elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, congresistas, autoridades locales y subnacionales, y miembros del Parlamento Centroamericano. Las encuestas las lidera el expresidente Ricardo Martinelli, quien enfrenta una sentencia de cerca de 11 años de prisión por diversos hechos de corrupción. La buena noticia es que la Corte Suprema de Justicia posiblemente rechazará su recurso de casación, impidiendo su postulación y dejando abiertas las puertas a otros candidatos.
Como si esto fuera poco, las elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos tendrán un fuerte impacto en la región. Un eventual triunfo de Donald Trump tendría consecuencias impredecibles, tanto económicas como políticas, en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, cooperación bilateral y migratorios, entre otros. Seguramente esto favorecería a gobiernos y candidatos radicales de derecha afines a sus posturas.
Es claro que la democracia en América Latina presenta un panorama bastante sombrío. El deterioro de la democracia, la violación de los derechos humanos, el debilitamiento del Estado de derecho, la criminalidad y la creciente inseguridad no solo afectan la gobernabilidad, sino que pueden ser la antesala del ascenso de gobiernos autoritarios.
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