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La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente puede compararse con el lanzamiento de voladores. En algunas ocasiones, estos le estallan en el mano a quien los lanzó, causándole graves heridas; en otras, se desvían y toman rumbos impredecibles; en otras, cumplen su propósito de celebrar algunas fechas, aunque el daño ambiental perdura y siempre producen mucho ruido. Esto último es lo que ha sucedido con el anuncio del presidente quien, por lo demás, reiteradamente afirmó durante su campaña que nunca acudiría a este mecanismo.
Esta notificación estuvo adosada con justificaciones, explicaciones y advertencias. Por ejemplo, dijo que ya no es momento del acuerdo nacional que él mismo propuso, por lo cual no queda más salida que la confrontación a convocar al “pueblo”. Al pueblo, que según su parecer, solo él representa. Pero como presidente, él no gobierna para unos pocos, sino para todos los colombianos, sin distingos. Él también es el presidente de los cerca de 10′600.000 ciudadanos que votaron por el otro candidato, los que votaron en blanco o sus votos fueron nulos o no marcados, o los cerca de 16′315.000 que no votaron. Incluso de los empresarios a quienes tanto critica, a los periodistas que según sus palabras “embrutecen al pueblo”, y a quienes han osado criticar o manifestar su desacuerdo con sus decisiones o sus políticas.
En cuanto a las advertencias, los principales destinatarios de la propuesta de la constituyente son el Congreso y los congresistas, las cortes y los órganos de control. El llamado a la conformación de comités municipales y convocar al pueblo, movilizarse y organizarse para que este defina qué se debe reformar, es una suplantación de las funciones del Congreso. Para no hablar de convocar a los ciudadanos a salir a las calles para presionar al Congreso para que apruebe las reformas presentadas por el Gobierno y para exigirle a la Corte Suprema de Justicia celeridad en la elección de la fiscal. Esto vulnera la independencia y el equilibrio de los poderes.
En el lanzamiento de la propuesta, el presidente se quejó de que le han echado a tres congresistas y que se quedó sin cónsul en México. Quizá pasó por alto que las normas que rigen el nombramiento de personal diplomático prevén que se debe dar prelación a los funcionarios de carrera, y que, en casos excepcionales, si no son parte de esta, deben cumplir con requisitos de ley. En los casos mencionados, y en otros más, estos no se han cumplido. Algo similar ha ocurrido con decisiones del Consejo de Estado. La pérdida de la investidura de varios congresistas del Pacto Histórico obedeció a que estos incurrieron en doble militancia, una causal establecida en el marco legal que regula el sistema electoral. No se trata de “tumbar los decretos y acabar con este momento histórico, borrarnos”, como afirmó el jefe de Estado, sino de acatar las normas y respetar la separación de poderes.
Presidente Gustavo Petro, no permita que el volador le estalle en las manos, o que se desvíe, con consecuencias impredecibles. Es el momento de cumplir su promesa electoral, de retomar el rumbo de la construcción de acuerdos en lugar de la confrontación, y de anteponer el Estado de derecho a los llamados a desconocer las instituciones que lo sustentan.
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