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En las elecciones del próximo 25 de octubre los colombianos vamos a decidir quiénes queremos que sean los gobernantes de nuestros municipios y departamentos durante los próximos cuatro años.
Independientemente de las motivaciones que tengan los votantes para escoger a sus candidatos, o para abstenerse de votar, es importante que los electores sepan lo que está en juego. Esto no se refiere solamente a las obras que los candidatos y candidatas se han comprometido a realizar, o a sus propuestas sobre servicios públicos, o a lo que han ofrecido en materia de vivienda, educación o salud. Esto por supuesto es importante y debe ser tenido en cuenta. Pero además, en muchos territorios los resultados electorales van a ser determinantes para delinear el rumbo de los acuerdos a los que se llegue en La Habana, y por qué no, su éxito o su fracaso.
Sin embargo, además de elegir a los mandatarios e incidir en la conformación de las instituciones territoriales, los electores debemos reflexionar sobre el modelo de diálogo político y de relaciones estado-sociedad que queremos. ¿Queremos continuar con un modelo que privilegia las relaciones clientelares entre electores y elegidos por encima del reconocimiento del derecho de los ciudadanos a elegir libremente y a recibir los servicios que el Estado está en la obligción de proveerles sin contraprestaciones? ¿Con formas de gobernar donde los intereses individuales priman sobre los intereses colectivos? ¿Con procesos de toma de decisiones verticales y excluyentes que no reconoce la participación ciudadana como uno de los fundamentos de la democracia? ¿Con formas de acceder al poder y de ejercer la política basadas en prácticas ilegales e ilegítimas para apropiarse de los bienes y recursos públicos? ¿Con un sistema político donde los personalismos desplazan a los partidos y obstaculizan su fortalecimiento? ¿Con unas organizaciones partidistas que prefieren ganar elecciones a cualquier precio, incluso si ello implica apoyar a candidatos que tienen o han tenido serios cuestionamientos éticos y morales e incluso vínculos con actividades criminales? ¿Con unos gobernantes que abusan de su poder para incidir de manera indebida en las decisiones de los jueces y de quienes ejercen funciones de vigilancia y control?
Aun estamos a tiempo de hacer un alto en el camino para no votar por quienes han utilizado la corrupción como una forma de mantener el control sobre el poder político y económico de sus regiones y municipios. A pesar de todos los intentos de manipular a los electores, de inscribir fraudulentamente cerca de dos millones de cédulas, de utilizar indebidamente los recursos del Estado para favorecer a determinados candidatos, los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de moldear el modelo de diálogo político que nos conviene a todos y comenzar a dejar atrás el que por décadas han pretendido imponer quienes desde diferentes espectros políticos y con medios distintos, algunos ilegales, otros aparentemente legales, y muchos ilgítimos, han gobernado los territorios.
* Directora de Transparencia por Colombia.