¿Quién financia a quién?

Uno de ellos tiene que ver con los costos desbordados de algunas campañas y con el dudoso origen y destinación de los recursos. En las últimas décadas el país ha presenciado un crecimiento exponencial de estos gastos. Algunos relacionan este hecho con el voto preferente, argumentando que ante la debilidad y falta de coherencia y unidad programática de los partidos, cada candidato acaba haciendo su propia campaña y compitiendo no solamente contra sus rivales de otras colectividades, sino contra los de su propio partido, lo que incrementa los gastos. Otros consideran que la circunscripción nacional aumenta los costos, en la medida en que obliga a los aspirantes que no tienen un caudal electoral “cautivo” en un departamento o región específicos, a buscar votos en todo el país. Si bien estas dos explicaciones tienen fundamento, no reflejan otra razón de fondo: el creciente interés de actores ilegales y de algunas familias políticas de controlar los aparatos de poder, o como señala el investigador Gustavo Duncan, de la “acumulación por vía ilegal del poder”.

El deber de hacerle seguimiento y de informar sobre el origen y destinación de los recursos de las campañas le compete en primera instancia al Estado, pero los partidos y los propios candidatos también tienen una gran responsabilidad. Para facilitar la rendición de cuentas, Transparencia por Colombia desarrolló el aplicativo Cuentas Claras, hoy en día alojado en la página del Consejo Nacional Electoral (www.cnecuentasclaras.com). Esta información se refiere a la financiación legal y no tiene el alcance para detectar los recursos de origen ilegal. No obstante, es una herramienta que permite obtener información fundamental para votar a conciencia y hacerle el seguimiento al dinero.

Es muy preocupante constatar que solamente el 58,16% de los candidatos a Senado y el 39,18% a la Cámara, para un promedio general del 45,07%, han reportado sus ingresos y gastos. Asimismo, los montos reportados son muy bajos.

Al indagar sobre el origen de los ingresos, llama la atención que el 42% proviene de recursos propios de los candidatos, cónyuges o parientes y que el 25% de donaciones, créditos y contribuciones de personas naturales y/o jurídicas. Es decir, que el 67% viene de fuentes a las que es difícil hacerles seguimiento y pedirles cuentas.

En cuanto a los partidos, el 99% de los candidatos del MIRA han ingresado reportes, seguidos por Uribe Centro Democrático —59%— y Cambio Radical —47,45%—, Partido Liberal —46,86%—, Opción Ciudadana —45,89%—, Partido de la U —44,81%—, Partido Conservador —43,95%— y AICO —40%—. Los partidos con menos reportes son el MIO —0%—, UP —9,18—, Polo Democrático Alternativo —23,64%—, Alianza Verde —33,04%— y ASI —36,10%—.

Cuando el dinero se convierte en el factor determinante de los resultados electorales y por ende de quiénes tienen la posibilidad de ejercer o de incidir en el poder, se vulnera el derecho a ser elegido y a elegir libremente. Por eso, antes de votar es necesario saber quién financia a quién.