Reforma política y proyectos anticorrupción sin futuro

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En seis meses se realizarán las elecciones territoriales, en las que los colombianos elegirán entre más de 120.000 candidatos a quienes regirán los destinos de sus respectivos departamentos y municipios en el próximo cuatrienio.

Estos comicios se van a realizar con las reglas de juego existentes que, a pesar de los intentos de congresistas de diferentes partidos y de los compromisos adquiridos en la campaña presidencial, no se pudieron reformar. Nuevamente se perdió la oportunidad de introducir cambios al sistema electoral y de partidos conducentes a depurar la política, democratizar las organizaciones políticas y proveer a la organización electoral, en particular al Consejo Nacional Electoral, de herramientas para garantizar el cumplimiento de sus funciones con eficiencia, independencia y autonomía.

Hay, entre otros, dos temas que quiero mencionar. El primero es la financiación de las campañas y de los partidos. Para nadie es un secreto que esta se ha convertido en una de las mayores fuentes de corrupción y uno de los eslabones entre ilegalidad y política. El ejemplo más notorio es el caso Odebrecht, que hoy tiene en la cárcel a expresidentes, funcionarios, políticos y empresarios de varios países latinoamericanos por haber recibido dinero para financiar sus aspiraciones políticas a cambio de beneficios en la contratación de obras públicas. Además de las implicaciones en la institucionalidad, esto demuestra que la corrupción ya trasciende fronteras y se ha globalizado. Pero no es el único caso. Organizaciones como Transparencia por Colombia y la MOE lo han venido denunciando hace muchos años, pero el problema, antes que disminuir, adquiere dimensiones cada día más preocupantes. Y entre tanto, las mayorías en el Congreso siguen protegiendo unas reglas de juego que les permiten mantenerse en el poder, directamente o por interpuesta persona.

El segundo tema se relaciona con la democracia interna de los partidos políticos. Si bien en algunos casos las candidaturas para cargos uninominales se están definiendo mediante encuestas o consultas partidistas, lo cual es positivo, aún hay muchos casos en los que los candidatos son escogidos a puerta cerrada o definidos “a dedo” por quienes tradicionalmente han manejado el poder en sus regiones o colectividades. Incluso por personas que se encuentran privadas de la libertad o con investigaciones en curso, pero que siguen controlando los hilos de la política desde los sitios de reclusión. Esta práctica es aún más común en la elaboración de las listas para las corporaciones y en la definición de la posición que ocuparán los candidatos. Como en el caso anterior, la propuesta de implementar un sistema de listas cerradas con voto preferente, acompañada de medidas para democratizar las organizaciones políticas, no parece tener futuro.

La agonía de los proyectos anticorrupción y de reforma política que el Gobierno y los partidos se comprometieron a defender y aprobar, nuevamente, evidencia su falta de voluntad política para introducir reformas de fondo que permitan que haya elecciones más competitivas, transparentes y equitativas y romper el círculo perverso entre ilegalidad y política.

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