Reformas más allá de las formas

La más relevante es la que prohíbe la reelección presidencial y de otros altos dignatarios del Estado. En segundo lugar, revitalizar los partidos políticos, hacer más transparente el proceso electoral y lograr una representación más equitativa e incluyente en el Congreso, tanto política como regionalmente. En este grupo hay propuestas como la eliminación del voto preferente y su reemplazo por las listas cerradas, el voto obligatorio, la financiación preponderantemente pública de campañas y cambios en la composición del Senado para asegurar representación de todos los departamentos. Además de la llamada “silla vacía” para los corruptos, que cobijaría a congresistas condenados por delitos contra el erario. Y en tercer lugar, introducir reformas a la Rama Judicial, con propuestas como la prohibición de la puerta giratoria entre las cortes, la limitación de sus facultades electorales y el controvertido tribunal de aforados.

Este conjunto de reformas, de aprobarse, tendrían importantes implicaciones en la estructura del Estado, en las relaciones entre las ramas del poder, en la forma de acceder a cargos de elección popular en el Congreso y la Presidencia, en las cortes, los órganos de control y en el Ministerio Público. Por esta razón, sus posibles impactos y efectividad deben ser analizados a fondo en función de los resultados esperados. Por ejemplo, si bien con las listas cerradas se busca contrarrestar el efecto del voto preferente en el incremento de los costos de las campañas, la atomización interna de los partidos y el fortalecimiento de feudos políticos regionales, ésta se debe complementar con medidas para democratizar los partidos políticos y evitar que los candidatos sean seleccionados “a dedo” por unos pocos —como de hecho sucedía antes de que se introdujera el sistema de listas abiertas con voto preferente— y se convierta en una barrera para que haya diversidad entre los candidatos y menos opciones para los electores.

En cuanto al voto obligatorio, se pretende contrarrestar la abstención y darles más legitimidad a las elecciones y a los elegidos. El segundo propósito no necesariamente lo es, si al tiempo las elecciones no se blindan de prácticas que limitan el derecho a elegir y ser elegido, como la compra de votos, la manipulación de jurados electorales, la utilización de bienes del Estado para favorecer a determinados candidatos y la violación de las normas sobre financiación y publicidad política, ente otros.

El sistema político colombiano necesita profundas transformaciones y esta es una gran oportunidad para que el Congreso demuestre que puede actuar con independencia, sin poner en riesgo avances logrados en el pasado, como los derechos de las minorías políticas. Y dando los pasos para garantizarle los derechos políticos a la oposición.