Responsabilidad política empresarial

Sin embargo, las responsabilidades de quienes financian las campañas no han recibido suficiente atención, más allá de algunos debates sobre el cumplimiento o no de los topes y sobre los montos de financiación provenientes del Estado y de los privados. Este fue el objetivo de la encuesta que aplicó el Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo, en colaboración con Transparencia por Colombia, a un grupo de 218 empresarios donantes y no donantes, la cual aporta elementos relevantes para comprender las características de la financiación privada de las campañas electorales en Colombia y su incidencia en la corrupción política.

En primer lugar, el 77% de los encuestados manifestó que su empresa no tiene una política empresarial para tomar las decisiones en materia de financiación, y el 59,6% que las determinaciones las toma directamente el dueño o propietario y no la Junta Directiva o la Asamblea. Es decir, se asume como una decisión individual. La encuesta revela además que los empresarios prefieren apoyar las campañas para alcaldes y concejales —un 27% y 23% respectivamente— sobre las presidenciales (12,5%), las de Senado y Cámara (10%) y las de gobernadores (7,4%), con donaciones menores a cinco millones de pesos (59,6%) seguidas por aportes de entre cinco y veinte millones de pesos (28,4%).

En cuanto a las modalidades de financiación, el 54% de los encuestados hizo donaciones en especie y sólo el 35% en dinero, lo cual dificulta el control y vigilancia por parte de las autoridades electorales. Pero además, el 5,8% organizó una reunión política en su lugar de trabajo, lo que puede ser interpretado como una forma de inducir a los empleados a votar a favor de determinado candidato. De otra parte, las principales razones aducidas por los empresarios encuestados para hacer aportes fueron, en el 38% de los casos, apoyar a amigos o familiares y en un 15% la expectativa de recibir alguna ayuda.

Si a esto le sumamos que el 65% está de acuerdo total o parcialmente con que las donaciones de campaña son usadas para obtener beneficios particulares, el 71% que generan compromisos y el 94% que son una práctica de corrupción, podemos concluir que la responsabilidad en la corrupción política va más allá de los partidos y los candidatos. La financiación de las campañas por parte del sector privado es una forma de participación política legítima, y no debe ser estigmatizada. Sin embargo, por tener una clara incidencia pública, debe ser transparente y sujeta a una permanente y estricta rendición de cuentas.

Este tema adquiere particular relevancia, no sólo por la proximidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2010, y del probable referendo para aprobar la reelección presidencial, sino por las denuncias conocidas en las últimas semanas sobre presuntos beneficios obtenidos por personas y empresas que financiaron las últimas campañas. Por esto, la responsabilidad política debe ser parte integral de la responsabilidad social empresarial.