También hay responsabilidades políticas

Estos hechos generan incertidumbre en sus respectivos municipios y departamentos, aumentan la pérdida de confianza en los gobernantes y afectan la gobernabilidad. Como sucedió en cerca de 500 municipios desde 2003 y en once gobernaciones en el periodo 2007-2011.

Lo anterior pone en evidencia varios hechos que merecen una reflexión por parte de los partidos políticos, del Gobierno y del Congreso, de los órganos de control y de justicia, y de los ciudadanos. De una parte, los vacíos legales existentes en esta materia, han llevado a que no siempre haya claridad sobre cuándo los partidos o las autoridades electorales pueden retirarle el aval a un candidato inscrito, o sobre los impedimentos de los aspirantes para inscribirse. E incluso, se presta a que se “abuse” de figuras como la inscripción por firmas, como lo hizo el entonces candidato y hoy gobernador electo del Magdalena, quien se retiró del Partido Liberal por los serios cuestionamientos debido sus supuestos vínculos con personas acusadas de corrupción y paramilitarismo. De la otra, no hubo suficiente información oportuna y completa sobre los antecedentes de los candidatos, y la falta de coordinación entre los diferentes entes del Estado encargados de recogerla, como lo denunciaron los directores de varios partidos políticos.

Además de estos vacíos legales y administrativos, hay evidentes debilidades en las responsabilidades políticas de los directivos de los partidos, que con contadas excepciones, actuaron demasiado tarde para conceder o retirar los avales, o no lo hicieron aduciendo que no se había demostrado la culpabilidad de los acusados o que los delitos son individuales. Sin embargo, éstas no se derivan de unas normas, y en muchas ocasiones deben incluso prevalecer sobre éstas, sobre todo cuando está en juego la legitimidad y la credibilidad de procesos tan importantes para la democracia como son las elecciones. Y los ciudadanos, que con su voto eligieron a personas cuestionadas, incluso conociendo sus antecedentes, también son responsables políticamente.

Afortunadamente son muchísimos más los alcaldes y gobernadores electos que no tienen cuestionamientos legales y que podrán dedicarse de lleno a cumplir sus promesas electorales y a gobernar en sus municipios y departamentos durante los próximo cuatro años. Tienen el deber de rendir cuentas a la ciudadanía y a sus partidos, y estos, a su vez, el de hacerles seguimiento a la gestión de los elegidos, y de ser necesario, a hacer oposición. Esta es inherente a la democracia, es un derecho legítimo, pero también se debe ejercer responsablemente. Cosa muy diferente a la crítica apresurada, infundada y prejuiciosa, que en algunos círculos sociales y mediáticos está tan de moda.