¿Tocando fondo?

De otra parte muestran que cuando algún funcionario declara que se tomarán medidas drásticas, es probable que no haya evaluado su factibilidad, pertinencia o utilidad. Por ejemplo, ¿es conveniente centralizar toda la contratación de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa, como lo propuso la cabeza de esa cartera, cuando es bien sabido que la excesiva centralización debilita los controles, máxime si se trata de instituciones altamente jerarquizadas?

Los hechos denunciados también ponen de relieve serios cuestionamientos sobre dos temas relacionados y que conllevan graves riesgos de corrupción en las Fuerzas Armadas: el manejo de los gastos reservados y la contratación. Sobre lo primero, vale la pena preguntarse si efectivamente los gastos amparados bajo el rubro de reservados ameritan este apelativo y hasta dónde va la discrecionalidad de quienes los manejan. ¿Quién define los criterios para incluir un determinado bien en esa categoría? ¿Quién controla efectivamente a los que toman las decisiones? ¿Qué se gasta, cómo y en qué? ¿Se están utilizando los gastos reservados para pagar la defensa de militares acusados de graves delitos? Y en cuanto a la contratación, ¿dónde han estado los órganos de control interno de las Fuerzas Militares responsables precisamente de prevenir, investigar y sancionar las anomalías que se presenten? Y, por supuesto, ¿por qué es necesario que los medios de comunicación hagan las denuncias para que la ciudadanía se entere de estos hechos, mientras que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría no se pronuncian?

Pocas personas cuestionan el hecho de que, por razones de defensa y seguridad nacionales, las Fuerzas Armadas tengan en determinadas circunstancias la prerrogativa de manejar información y gastos reservados. Sin embargo, lo que es inadmisible es que, amparadas en este principio y en ocasiones abusando de él, se vulnere el derecho de los ciudadanos de acceder a información pública. Máxime cuando, según las revelaciones recientes sobre hechos de corrupción y sobre filtración de información “reservada”, se ha visto que muchas personas “privilegiadas” de hecho tienen acceso a esa información o la adquieren por medios ilegales, y otros la entregan para obtener favores o prebendas a cambio.

Finalmente, es importante recordar que los responsables del desprestigio del Ejército o la Policía, como consecuencia de hechos de corrupción, son quienes los cometen o quienes por acción u omisión permiten que sucedan, y no los medios de comunicación. Es muy peligroso que afirmaciones de este tipo hagan carrera, no solamente porque impiden conocer la realidad, sino porque ponen en riesgo la libertad de expresión e información.

Nota: sólo el 27% de los candidatos inscritos para las elecciones de Congreso han reportado ingresos y gastos de campaña en Cuentas Claras.