Vuelve y juega: ¿y de la corrupción qué?

Quienes aspiran a gobernar a Colombia en los próximos cuatro años deberían responder a interrogantes como los siguientes: ¿cómo combatirá su gobierno los altos niveles de impunidad en los casos de corrupción de alto impacto para toda la sociedad? ¿Cuáles serán las acciones prioritarias para darles continuidad a esfuerzos realizados en los últimos años, como la expedición del Estatuto Anticorrupción y la Ley de Acceso a la Información Pública? ¿Cómo piensa fortalecer instituciones de lucha contra la corrupción, como la Comisión Nacional y las Regionales de Moralización, la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción y la Secretaría de Transparencia? ¿Cómo aseguraría que quienes ocupen los altos cargos en las entidades de regulación y supervisión sean independientes de las influencias de poderosos intereses económicos de los respectivos sectores? ¿Qué medidas concretas propone para que en todas las entidades del Estado los conflictos de interés de los directivos se hagan públicos y se gestionen de manera transparente? ¿Cómo piensa combatir desde su gobierno los altos niveles de impunidad en los casos de corrupción de alto impacto para toda la sociedad? ¿Qué va a proponer para blindar los procesos de nominación y selección de altos dignatarios de la justicia y de las cabezas de los órganos de control de las influencias políticas y de los intereses personales de algunos sectores? ¿Tiene alguna propuesta concreta para que el lobby o cabildeo ante los congresistas sea transparente? ¿Se compromete a hacer públicos los recursos que su gobierno les entregue a los congresistas, a rendir cuentas sobre los mismos y a exigirles a aquéllos que lo hagan?

Las respuestas a estas y a muchas otras preguntas se relacionan estrechamente con la forma de acceder al poder y de ejercerlo. En este sentido, ¿qué propone para reconstruir el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes que sufrió serios resquebrajamientos como resultado de la aprobación de la reelección presidencial hace 12 años sin la adopción de otras medidas para subsanar sus efectos en la arquitectura institucional? ¿Está dispuesto a promover la figura de la silla vacía para quienes resulten implicados en temas de corrupción, aun si son de su propio partido o movimiento? En síntesis: ¿qué reformas va a promover para que el sistema político colombiano les ofrezca plenas garantías a los colombianos para el pleno ejercicio de su ciudadanía?

Sabemos que los cambios estructurales que requiere Colombia para combatir la corrupción no son responsabilidad exclusiva del Gobierno sino del Estado en su conjunto, del sector privado y de los ciudadanos. Pero para que se generen estas transformaciones se necesita del liderazgo, la convicción y la indeclinable voluntad política del presidente de la República.