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En nombre de la paz no se puede sacrificar la institucionalidad ni entregar la gobernabilidad del país. La paz la queremos todos los colombianos, pero no al precio de someternos a una ínfima minoría manipulada por oscuros intereses externos.
El presidente Santos sigue empeñado en tratar de convencer al país y a la comunidad internacional de que firmar un papel con los cabecillas de las Farc, radicados ahora en Cuba por cuenta del Estado colombiano, es firmar la paz. Además, ha repetido que si los diálogos de su Gobierno con los terroristas fracasan, no se ha perdido nada.
Pero, independiente del contenido de los “acuerdos” a que lleguen el Gobierno y las Farc en La Habana, que de acuerdo con lo que se conoce los colombianos sólo hay “saludos a la bandera”, lo grave es el fondo del asunto o lo que hay detrás de esto; y tiene que ver con las intenciones del castrismo para avanzar en América Latina con un socialismo caduco y arruinador. El mejor ejemplo son los pueblos de Cuba y de Venezuela.
Quienes nos oponemos al sometimiento del Estado al yugo del terrorismo, más no a la paz, opinamos que la democracia colombianas ni las instituciones de un país como el nuestro -vacunado contra ese flagelo- podrán entregarse bajo ninguna circunstancia a ideologías dictatoriales que pretenden imponer las distintas formas de lucha como régimen político.
Sin duda, esos son los riesgos a los que nos está sometiendo el presidente Santos con sus intenciones de salvar la reelección a costa de una supuesta paz para Colombia. Porque, contrario al discurso del Gobierno, si a Colombia la someten a las pretensiones del castro-chavismo a través del grupo terrorista de las Farc, ineludiblemente caerá en el más peligroso escenario en donde la violencia que se venía reduciendo –hasta 2010- con la eficacia de la Seguridad Democrática recrudecerá y anidará en las instituciones.
Con un grupo terrorista solo se puede negociar su sometimiento a la justicia, así haya que rebajar las condenas a sus cabecillas, pero bajo ninguna circunstancia se pueden discutir siquiera los temas de país. Las políticas de Estado las discute el gobierno con el Congreso, con los gremios, con los productores, más no con los verdugos de la población trabajadora de Colombia. Aceptar siquiera un dialogo con los terroristas sobre las políticas de Estado es claudicar y entregar la institucionalidad del país. Preocupa la apoteosis del Gobierno frente a un acuerdo sobre el agro y la tierra precisamente con quienes siguen asesinando y secuestrando a los productores de ese sector. La política del agro y de la tierra no se puede discutir con un cartel del nacotráfico.
Debe alarmar a los colombianos que el presidente Santos busque a Maduro, coautor del desastre de Venezuela, para pedirle apoyo y solidaridad con el proceso que adelanta con las Farc; es decir, no le basta con que el grupo terrorista, financiado por el régimen chavista, sea el fiel interprete del socialismo castrista.
Cuando el presidente Santos calificó como “un primer paso enorme” el “acuerdo” al que ha llegado con las Farc sobre el tema agrario; tal vez, se estaba refiriendo al paso enorme que su Gobierno está dando hacia el castro-chavismo.
@emaciastovar
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