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LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL EUROpeo de Derechos Humanos de no conceder la extradición del teniente coronel israelí Yair Klein es un durísimo golpe a la cooperación judicial para la lucha contra los autores de la barbarie en nuestro país.
Klein, quien dejó las filas del ejército de Israel en 1983, fundó una empresa de fachada para encubrir sus actividades mercenarias y recorrió el mundo entrenando grupos ilegales. Aparte de su paso por Colombia, se sabe que estuvo en Sierra Leona entrenando al denominado Frente Revolucionario Unido, organización que mató a más de 100.000 personas y desplazó a varios millones.
Caminaba por los pasillos del aeropuerto de Moscú en agosto de 2007, cuando una patrulla de la policía lo capturó. Desde 2002, cuando el tribunal de Manizales lo condenó y solicitó en extradición, era buscado por Interpol. Creíamos que ese criminal pronto estaría respondiendo por los delitos que se le imputan: concierto para delinquir, tráfico de armas y cocaína, planear masacres, voladuras de aviones y magnicidios.
Durante el trámite de extradición se registró que la estrategia de su defensa se concentró en recalcar el riesgo en el que se encontraría Klein si fuera extraditado a Colombia y no en demostrar su inocencia.
La rocambolesca tesis de que la cárcel en Colombia será el camino para acabar con la vida del mercenario terminó por imponerse. Esta semana se confirmó que Klein será enviado, pero a Israel, donde podrá terminar su vida cultivando aceitunas.
Un nuevo gran golpe ha recibido nuestra Cancillería. Lástima que la ministra Holguín no le haya dedicado a ese proceso de extradición el tiempo que merecía.
Aquello no le quita peso a la responsabilidad que le cabe a Europa. Ese continente se ha convertido en una guarida de personas que a pesar de haber cometido los peores crímenes, logran evadir la justicia.
Recordemos el caso de los facinerosos daneses que hace algunos años decidieron fabricar y comercializar camisetas alusivas a las Farc. El producto de esa actividad terminó en las arcas de la banda terrorista. Luego de ingentes esfuerzos, la justicia de Dinamarca aplicó a regañadientes su propia legislación antiterrorista.
Pudiendo aplicar una condena de 10 años a los voceros de la malhadada ONG “Fighters and Lovers” que promovía la venta de dichas prendas de vestir, los jueces de Copenhague resolvieron darles seis meses, sin detención.
Aquella vez, se negó cualquier posibilidad de que los daneses fueran extraditados a Colombia. Les parecía excesivo que los responsables pagaran en nuestro país por el delito de financiar a un grupo terrorista.
¿En qué queda la cooperación judicial para acabar con las organizaciones ilegales? Es lamentable que desde Europa se demande una mayor efectividad por parte del Estado colombiano en el castigo a los violadores de los Derechos Humanos y al mismo tiempo, las entidades de ese continente sean las encargadas de impedir la extradición de personas involucradas en estos hechos.
Veo muy difícil que la decisión sobre Yair Klein sea reversada. Nuestra Ministra de Relaciones Exteriores está concentrada en temas mucho más importantes para el Gobierno, como asegurar que el mafioso alias El Turco sea oportunamente extraditado a Venezuela y no a los Estados Unidos. Hay que garantizar que “el nuevo mejor amigo” siga queriéndonos y contemplándonos.
Nota: En medio de tantas malas noticias, hay una positiva: la reciente novela de Mario Vargas Llosa, El sueño del celta. Una envolvente obra de aventuras que narra las vicisitudes de Roger Casement, el San Pedro Claver irlandés.
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