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EN 1996 EL PAÍS VIVIÓ UNO DE LOS DEbates políticos más intensos de su historia reciente. La Cámara de Representantes tenía la responsabilidad de acusar ante el Senado o absolver al Presidente de la República, quien era investigado por la multimillonaria ofrenda que el cartel de Cali le hizo a la campaña que lo condujo a la primera magistratura.
Fueron muchos los discursos que se pronunciaron esa noche del 12 de junio de aquel año. Aún se recuerda la intervención de la fogosa Íngrid Betancourt y del vehemente Pablo Victoria. Las evidencias sobre la responsabilidad del gobernante desbordaban los límites normales. Quienes lo defendían, se limitaban al uso de lugares comunes, mientras que los valientes acusadores, con el poder del Estado en contra suyo, no desfallecieron en la argumentación jurídica y política que les permitió concluir que el Presidente debía ser acusado ante el Senado de la República.
Los argumentos no fueron suficientes. 111 honorables Representantes a la Cámara votaron a favor de la preclusión del proceso, mientras que 43 lo hicieron en contra. El caso estaba cerrado para siempre.
Desde el mismo instante de la votación, tomó fuerza la tesis de que esa mayoría había sido armada a punta de dádivas y ofrendas. Los padres de la preclusión fueron señalados y hasta denunciados ante la Corte Suprema, sin que se hubiera podido comprobar el cohecho, delito tan de moda por estos días.
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El domingo pasado, la senadora Cecilia López Montaño se despachó en contra mía en una entrevista que le regaló la señora Cecilia Orozco Tascón, sectaria periodista que, al decir de los colegiales, me la tiene montada. La parlamentaria hizo afirmaciones temerarias que rayan en la injuria, al insinuar que el Gobierno me paga por atacarla. Dijo sentirse ofendida por alguna referencia que en algún momento hice respecto de su relación social con la familia del narcoterrorista extraditado, Simón Trinidad. No era mi intención ofenderla y por eso presenté y nuevamente presento excusas.
No obstante, don Juan Gossaín quiso profundizar en el tema. Sentí que era mi deber retractarme por haberme entrometido en un asunto de la vida social de la congresista que no tiene nada que ver con el debate político, pero insistí en plantearle el interrogante que ronda en mi cabeza desde hace algunas semanas: las razones que motivaron el nombramiento de Jorge Luis Feris Chadid como su viceministro de agricultura en 1996.
La senadora contestó diciendo que en efecto le habían enviado desde la Presidencia 3 hojas de vida, entre ellas la de Feris. Aseguró que el currículum de ese sujeto era el mejor de la terna propuesta y que su paso como gerente de la electrificadora de Sucre hacía que su perfil fuera idóneo para desempeñar el cargo de viceministro de Desarrollo Rural (¡!)
Pero la sorpresa fue mayúscula cuando la congresista continuó con el inventario de justificaciones que tuvo en cuenta para proceder con el dicho nombramiento y reveló que el ciudadano Feris Chadid, quien hoy huye de la justicia, era sobrino del entonces presidente del Senado, Julio César Guerra Tulena.
Linda casualidad. En tiempos en los que Samper se enfrentaba a un posible juicio en el Senado de la República, el sobrino del presidente de esa corporación era nombrado como viceministro. No soy quién para juzgar el proceder de la senadora López; estoy seguro de que ella obró con total transparencia y honestidad. Simplemente dejo planteada la coincidencia que les sirve de lección a quienes se empecinan en creer que los gobiernos compran las conciencias de los congresistas. Constantemente hay que partir de la buena fe del otro, porque no siempre un nombramiento trae consigo un cohecho.
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