Ruptura

El primer episodio, constituido en una insoportable carga de profundidad, fue la graduación del dictador Chávez como el nuevo mejor amigo de nuestro presidente. Santos puso en el pedestal al personaje que ha calificado a Uribe de mafioso, paramilitar, maniobrero, mentiroso y muchos más. Asimismo, reivindicó al sujeto que ha rendido homenajes públicos a las Farc, que ha demandado su reconocimiento como organización política y les ha rendido tributo a los terroristas más sanguinarios de la historia.

Las lisonjas al peor enemigo que tiene Colombia, a la amenaza más grande que hay para la democracia de la región, no fueron suficientes. En contravía de los postulados del gobierno anterior, de ese mismo que formó parte Juan Manuel Santos, la nueva administración se empleó a fondo para lograr la aprobación de un paquete legislativo a todas luces inconveniente.

Lastimosamente, son pocas las voces en el Congreso que han llamado la atención sobre la inviabilidad de la ley de víctimas —incluidas las normas que ponen en grave riesgo la propiedad agraria en Colombia, a través del capítulo dedicado a la tierra—. Decía esta semana un senador que si el Estado no era capaz de conseguir un billón de pesos para atender a las familias damnificadas por el invierno, mucho menos lo será para apropiar los infinitos recursos que demandará una reparación integral de todas las víctimas.

A nadie parece importarle ese pequeñísimo detalle. ¿Tiene el erario la suficiente musculatura para atender la cascada de reclamaciones legítimas de millares que de una u otra manera han resultado afectadas por el accionar de los grupos ilegales? Sería muy bueno que el Ministro de Hacienda nos dijera de dónde va a salir aquel dinero.

Ese fue el argumento de fondo que esgrimió el gobierno anterior para oponerse a la ley de víctimas que se presentó el año pasado. Entonces se hablaba de 80 billones de pesos. Dicen los defensores del actual proyecto que el monto de éste es de 40 billones, olvidando que el enunciado del mismo habla de “reparación integral”, con lo cual se estaría abriendo una ventana para que la Corte Constitucional module el alcance de la ley y, a través de una sentencia, tumbe el tope fiscal.

Hace falta, entonces, un alto en el camino, una mayor reflexión ajena a los cálculos coyunturales. El Congreso está en la obligación de adelantar un debate sensato y decirle al país exactamente cuáles serán los costos y las implicaciones reales que tendrá esta ley.

¿Quienes votamos por Santos sabíamos que esa iba a ser su hoja de ruta? La respuesta es no. Jamás se nos dijo durante la campaña que abrazaría a Chávez como a su nuevo mejor amigo, ni que embarcaría a la nación en aventuras legislativas cuyo costo fiscal nadie conoce, ni mucho menos que iba a poner a su Canciller a condenar decisiones que, acertadas o no, tomarían funcionarios del anterior gobierno.

Entonces, ¿duda alguien de la ruptura ideológica y política entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe?