Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En la medida que la noticia del proceso penal en contra de la excontralora Sandra Morelli se ha ido desarrollando, por un supuesto detrimento patrimonial por el alquiler de las oficinas de la Contraloría, por un monto cercano a los 12.000 millones de pesos, pienso que las cosas han alcanzado un estado tal de confusión que la Fiscalía podría enredarse innecesariamente en un proceso que, al final, acabará por complicar también al contralor Edgardo Maya, hombre serio, honesto y centrado.
Las oficinas que alquiló la entonces contralora dejaron a la institución en unas condiciones de trabajo a sus empleados que hasta las envidiarían en el sector privado. Son confortables, eficientes, modernas. Los procesos inclusive se están llevando de tal manera que se acabaron los papeles y todo es cuidadosamente mantenido en formas electrónicas, lo que no ha logrado hacer ninguna otra entidad del Estado.
Es por eso que, de no aclararse el tema, podría acabar también complicando al contralor Maya, pues no existe la menor posibilidad que él pueda trasladar la entidad a otro sitio por el precio obtenido por Morelli y con las condiciones técnicas y modernas que se implementaron.
Ha dicho la Fiscalía que allí hubo un detrimento patrimonial; sin embargo, si hoy el contralor tratará de hacer lo mismo, los precios serían hasta un 50% superiores a los que en su momento obtuvo Morelli por metro cuadrado totalmente adecuado. El contralor Maya le ha indicado al Gobierno que necesita más tiempo para poder solucionar el problema pues él, mejor que nadie, sabe que replicar lo que encontró es casi que imposible y el contrato está por vencerse.
Inclusive el Gobierno apropió unos recursos para ejercer una opción de compra derivada del contrato que suscribió la Contraloría a través de una respetable entidad financiera del país. Ante esto el fiscal general le envió al ministro de Hacienda una comunicación informándole que había una investigación por presunto lavado de activos en contra de algunos de los que construyeron el edificio en donde está la Contraloría.
Cuando Morelli suscribió el contrato eso no se conocía ni había investigaciones en contra de esos constructores. No obstante, resulta curioso que no se haya iniciado, o al menos no estoy enterado de eso, un proceso de extinción de dominio, pues de hacerse, la Fiscalía podría entregarle en comodato a la Contraloría las oficinas actuales ganando así el Estado.
Conozco a la excontralora Morelli y podrá ser “chiflada”, como dicen algunos, pero criminal no. Conozco también al fiscal general, doctor Montealegre, a quien admiro y respeto profundamente como persona, profesor y funcionario. Por eso no entiendo la saña con la que el fiscal del caso está actuando. Cierto resulta que Morelli debería estar presente en el proceso, pero tiene miedo de que se cometa con ella una injusticia.
Así las cosas, los jueces tienen la última palabra cuando la absuelvan o condenen. Entre tanto están enredando al contralor Maya.