Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Muchas críticas le han caído al superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, por las multas en contra del sector azucarero por un monto de $324.000 millones.
Confiscatorias, ilegales, arbitrarias, son los términos que los abogados defensores y los detractores del superintendente han utilizado para referirse a las sanciones.
No pretendo por supuesto hacer un análisis jurídico de la decisión de la SIC, entre otras cosas porque la columna se volvería muy aburridora de leer. Pero sí resulta conveniente recordar que el sector azucarero, tal vez como ningún otro, ha sido beneficiario de multimillonarios subsidios. Solo baste recordar que, por cada galón de gasolina que se vende en Colombia, $500 van para este sector.
Como suele pasar, cuando reciben de la teta, permanecen mudos, pero cuando les imponen sanciones, gritan y se rasgan las vestiduras.
Robledo, como tal vez ningún otro funcionario que haya pasado por ese cargo, se ha dado unas pelas enormes cumpliendo su función de protegernos a los consumidores. Se ha metido con los carteles de los pañales, del papel higiénico, del arroz. Ha sancionado muy duro a los operadores de los celulares. En otras palabras, ha puesto en cintura a los intocables del país, sin que le tiemble la mano. Sus actuaciones, por lo demás, están sujetas al control de la justicia administrativa, como corresponde en un Estado de derecho.
Los ciudadanos debemos tener claro que la SIC está ahí para protegernos de quienes abusan de los consumidores, cosa que sucede mucho más a menudo de lo que pensamos. Todo, desde la devolución de un producto, la exigencia de una garantía o el incumplimiento de los vendedores, pasa por la SIC.
Entonces cómo no apoyar la decisión de Robledo frente a todos esos carteles que, quién sabe por cuántos años, nos han metido inescrupulosamente la mano en nuestros bolsillos sin que nos hayamos percatado de eso. Pero claro, no es sino que la ley se aplique, para que los afectados salgan con sus arsenales poderosos a dispararle al funcionario. En el caso que nos ocupa es claro que la SIC no cometió las irregularidades que se le pretenden achacar. Menos, creo yo, tratándose de una persona conocedora del derecho y de una probidad que ya quisiera uno tuvieran los empleados del sector público. Si todos los funcionarios fueran como el superintendente Robledo, este país sería totalmente diferente.
Tal vez si el superintendente de Salud fuera más duro, las EPS estarían en cintura. Quizá no estaríamos pagando los medicamentos a precios superiores a los de los países vecinos. Posiblemente, si el superintendente de Transporte fuera más severo, no estaríamos siendo víctimas permanentes de las aerolíneas. Pero claro, eso no pasa porque, a diferencia de Pablo Felipe Robledo, algunos de los otros superintendentes se mueren del susto de meterse con los poderosos del país. Adelante, doctor Robledo, adelante. Los consumidores se lo agradecemos.
@Fzuletalleras