El triunfo de la contralora y la derrota del ‘lobby’

En 1998 se promulgó una ley, fatalmente redactada, en la que se parapetaron confiados los operadores para no tener que devolver los bienes afectados a la concesión al final del contrato. En 2009, con la misma impropiedad, otra ley quiso remachar ese seguro para que los operadores no tuvieran que revertir, no sólo las redes, si no —repetimos— todos “los elementos y bienes directamente afectados” a la concesión.

Al dulce arrullo de sus costosos lobbystas dormían, pues, tranquilos los operadores, hasta hace poco, cuando la Corte Constitucional se pronunció respecto de esas leyes y decidió su exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que esos operadores no pueden mantener la titularidad de los bienes relacionados con la prestación del servicio.

Entendemos los simples ciudadanos que el Estado es el propietario de las redes y demás elementos con los que Claro y Movistar prestan actualmente su servicio y que los devolverán en marzo del próximo año.

Llama la atención que, ante la trascendencia de esa realidad, no se hubiera armado un despelote y que el Gobierno no se haya pronunciado. Aunque el paro y la situación de orden público tenga a muchos más atolondrados de lo que son, ya es hora de saber qué va a pasar con esas redes y elementos que pertenecen a todos los colombianos, según la sentencia de la Corte Constitucional. La calma chicha con la que Claro y Movistar han recibido la bomba es bastante preocupante. El país conoce la habilidad de Claro para enervar demandas y empapelar funcionarios. También sabemos todos del poder de Movistar, que se favoreció de una ley que volvió a los colombianos socios de una empresa en declive, a cambio de aliviar la carga del pasivo pensional de Telecom.

Esta vez esperemos que no se salgan con la suya. La majestad de la Corte Constitucional no puede ser burlada por nadie sin caer en el terreno del fraude procesal. El gobierno nacional tiene que actuar con firmeza y prontitud. Necesitamos saber cuanto antes quién y cómo va a operar esas redes a partir de marzo del año entrante. Con este asunto de la reversión y frente a la grave situación política que vive el país, el presidente de la República tiene la oportunidad de demostrar que gobierna para el interés público y no para proteger intereses privados. (Aló, presidente… Aló… Aló. ¡Se cayó la llamada!).