Minería criminal

Tan es eso cierto que se calcula que al año Colombia está produciendo 55 toneladas de oro, pero sólo 20 de ellas provienen de la explotación originada en títulos otorgados por el Estado, es decir, que tenemos una fuente inmensa de explotadores criminales o informales. Estos últimos han ejercido este oficio por más de 200 años y más de 300 mil colombianos derivan sus ingresos de explotar las minas de manera artesanal. Las decisiones que el Estado tome, ciertamente, tienen que atacar de fondo a los mineros criminales, que hoy por hoy son las Farc, las bacrim y otras mafias. Varios son los temas que los colombianos todos, y no sólo los mineros y los ambientalistas, debemos debatir civilizadamente para decidir si el país explota como toca sus recursos o se los deja a los criminales, como está ocurriendo.

El primero es la delimitación de los páramos, en donde al parecer se encuentran las principales zonas auríferas. En este momento el Instituto Humboldt está definiendo qué regiones del país son páramos. La clave está en si pone la llamada cota en 3.500 metros sobre el nivel del mar o la baja a 3.100. De ser este el caso, esto querría decir que no habría posibilidad de explotar allí, con las consecuencias previstas: no entran las grandes empresas mineras con todos los controles y las obligaciones ambientales estrictas y se meten los criminales a quienes no les importa la cota o la ley, pues las normas para ellos no existen.

No dudo que estas investigaciones son necesarias, pero también es claro que esta no puede ser la última palabra. Una vez conocidos estos estudios, debe darse un debate civilizado, sin apasionamientos y de cara a la opinión pública. El problema es que algunos ambientalistas son sectarios y se niegan siquiera a dar el debate. Para ellos no debe haber minería y punto. Y las cosas no pueden ser así. Entonces, ¿cómo han hecho países desarrollados como Canadá para explotar sus minas manteniendo un desarrollo sostenible y con todos los controles para que sean las propias mineras las que reforesten y apacigüen los daños?

El gobierno Santos va en la dirección correcta al acabar con la vagabundería de entregar los títulos de explotación por ventanilla. Ha establecido un sistema electrónico e implementado el sistema que se usa con el sector petrolero, es decir, el de entregar metódicamente los llamados bloques. De esta manera acabó con el tráfico de los títulos. Pero además el ministro Cárdenas ha tomado otras decisiones que permitan que al negocio sólo accedan las empresas a las que se les puedan exigir todos los controles que mitiguen los daños, pues que los hay, los hay. Y el tema apenas queda enunciado.

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