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La FIFA anunció, el 25 de junio, que el Mundial de Fútbol Femenino de 2023 se llevará acabo en Australia y Nueva Zelanda. Tres días antes Japón había declinado su oferta y dejado solo a Colombia para la decisión final frente a los ganadores. En la evaluación de las propuestas, el dúo triunfador fue calificado con 4,1 puntos sobre 5, mientras nuestra calificación solo alcanzó 2,8 puntos. En buen romance, nos rajamos. Ahora bien, lo que nos interesa aquí es de otra índole y se resume en las declaraciones de los organizadores sobre la selección final. Han dicho que Australia y Nueva Zelanda ofrecen “muy buenas infraestructuras deportivas generales” y que su proyecto comercial “parece el más favorable habida cuenta de los compromisos económicos de ambos gobiernos en relación con los costos operativos del torneo”. Lo cual se confirma al leer las evaluaciones de las propuestas publicadas por la organización.
Deporte, de acuerdo con el Diccionario de la RAE, se define en su primera acepción como una “actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”. Y en su segunda acepción se entiende como “recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre”. Esto reclama una reflexión en la medida en que lo que se promueve y se apoya desde el Estado no son deportes, sino negocios. Esto queda claro con esta decisión de la FIFA, que coincide con los intereses del Comité Olímpico Internacional en el caso de los Olímpicos de Tokio.
Estos últimos han sido nuevamente objeto de discusión pública. Desde el momento cuando Japón presentó su candidatura, no han cesado las críticas de los opositores que han señalado que las cuantiosas inversiones relacionadas con el evento son injustificadas. Lo que en este momento ha salido a la luz pública está relacionado con las elecciones para gobernador de Tokio, que se realizarán el 5 de julio y a las cuales la señora Koike, actualmente en el cargo, se ha presentado para su reelección. Cuatro contendores se oponen a la realización de los Olímpicos a partir del 23 de julio de 2021, como se decidió el pasado mes de marzo. Yamamoto y Utsunomiya abiertamente piden cancelar el evento. Otros dos competidores proponen aplazarlos entre dos y cuatro años. Koike, quien ha defendido la realización de los mismos en el próximo verano, ya ha dado su brazo a torcer y habla de unos “Juegos simplificados”, lo que puede significar estadios desocupados y reducción del número de participantes o de disciplinas. O, más simple, un entierro de tercera.
Véase por donde se vea, más allá de los problemas de salud pública y de riesgo social, lo evidente es la preocupación por las ganancias. Si bien la participación del gobierno japonés es muy importante, los aportes del sector privado —pero especialmente sus expectativas— son la razón de los forcejeos. Así las cosas, todo podría resumirse en que el problema simple es el “negocio”. Desde esta perspectiva, resulta muy interesante la idea de The Economist del 27 de junio, que propone realizar los Olímpicos de los “e-sports” manejados por capitales privados y que ya producen millones de dólares en patrocinios y derechos de transmisión. De paso reviviríamos el deporte: los juegos intercolegiados, los partidos de barrio y el tejo, entre otras entretenciones. Se hace necesario repensar la destinación de los dineros públicos: apoyar los deportes o el negocio.
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