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De acuerdo con un despacho de la AP del pasado 8 de octubre, la FIFA, mediante una carta, informó que no sancionará a Indonesia en relación con la muerte de 131 personas, incluidos 17 niños, al concluir un partido de fútbol. Según la misma fuente, el presidente Joko Widodo declaró que, “basado en esa carta, gracias a Dios, el fútbol indonesio no será sancionado”. El alivio expresado con tales palabras y que seguramente coincidirá con el de la Federación es que se despeja el camino para la celebración del Mundial Sub-20 que tendrá lugar el próximo año en ese país.
Francesco Siccardi, en nota del 24 de octubre publicada por Carnegie Europe, llama la atención sobre aspectos debatibles alrededor del próximo Mundial de Fútbol en Catar. La siguiente afirmación sería suficiente para orientar la reflexión que encaja en lo sucedido en Indonesia: “Y aunque las preocupaciones éticas de los fanáticos están recibiendo una atención sin precedentes, la gobernanza del fútbol sigue lejos de ser transparente o responsable, por lo que no está claro si se producirá algún cambio a largo plazo”. Por supuesto, el referente inmediato es el escándalo de corrupción que destapó el FBI en 2015 y que llevó a un cambio drástico en el liderazgo de la Federación: “Apropiación indebida de los derechos de televisión, soborno, extorsión, fraude electrónico y conspiraciones de lavado de dinero dentro de la organización”.
Quizás no exista un mejor abono para profundizar el desorden que el silencio. Visto desde otra perspectiva, ya pasó un año desde los Olímpicos de Tokio y poco o nada se habla sobre todos los impactos que tuvieron a nivel internacional y local, empezando por el desprestigio y finalmente la salida del primer ministro Suga que debió retirar su nombre de la competencia por la primera magistratura. Como se recordará, a pesar de una contundente oposición del pueblo japonés a la celebración de los Juegos en medio de la pandemia del COVID-19, el rifirrafe entre el Comité Olímpico y todos los involucrados económicamente forzó al Gobierno japonés a mantenerse en su propósito de realizarlos. Los inmensos riesgos para la salud pública no pesaron en las decisiones. Al final, en contra de lo que hubiera sido no solo un acierto sino un gran ejemplo mundial en el que prevalecieran los valores humanos frente a los económicos, el mundo debió soportar unos Juegos que dejaron grandes interrogantes que, hasta hoy, han sido soslayados. Pero la trama no se detiene. Hoy en Japón se sospecha que los interesados en llevar a cabo los Juegos de Invierno de 2030 deben estar propiciando silenciar el debate para no comprometer el futuro del negocio.
Ahora bien, el tema de fondo que permanece detrás de todo esto surge del hecho de que los grandes beneficiados de estos espectáculos son organizaciones e individuos privados y que los principales aportantes son los gobiernos. Sobre estos últimos, Baade y Matheson (2016), y Flyvbjerg, Budzier y Lunn (2021), entre otros, han dejado claro que los beneficios que se arguyen para comprometer recursos públicos generalmente no pasan de ser mitos. Sobre los primeros empieza a visibilizarse el entramado de sobornos y corrupción que, en el caso de Japón, está saliendo a la luz pública con el arresto de varios ejecutivos de firmas importantes relacionados con el tráfico de recursos e intereses para los últimos Olímpicos.
El triunfo del fútbol femenino colombiano en India no solo regocija, sino que rescata lo que debe ser el deporte: una competencia limpia y no un negocio comprometido.
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