La nueva cenicienta del poder

Esta teoría está en línea con la obsesión por recortar la responsabilidad del legislativo en materias económicas y sociales como si su función representativa y fiscalizadora fuera digna de exterminio. Porque aunque es cierto que Latinoamérica ni provocó la crisis ni será la más afectada, algo tendrá que decir al respecto la principal institución de representación política. De otra manera, seguirá en la marginalidad e intrascendencia que hoy marca su tragedia.

Sin hablar de las graves acciones judiciales locales contra congresistas por vínculos con el crimen organizado, la debilidad legendaria de los poderes legislativos en América Latina es proporcional a su descrédito, originado en su pobre capacidad institucional y su maleable independencia.

La versión extrema de la democracia participativa en sistemas hiperpresidenciales ha llevado a este órgano de la democracia representativa a ser casi desechable para la vida política. Porque el recurso al contacto mediático directo y permanente del Presidente con el pueblo hace prescindible todo lo que está en el medio.

El Congreso sirve sólo para aplastar a la oposición con mayorías prefabricadas que saben votar aunque no sepan debatir, frente a minorías que no aprenden a fiscalizar. Porque los grandes debates de control político no se dan allí a pesar de intentos aislados de parlamentarios que luchan por mantener su prestigio. Si el Congreso no legisla, ni representa, ni fiscaliza, es claro que el poder está en otro sitio; no en aquel donde sólo se convalidan las políticas del ejecutivo.

Frente a los otros poderes, en la historia democrática se ha sostenido que el legislativo es el primer poder público. Ayer se decía que la justicia era la cenicienta del poder pero hoy se le ataca por un supuesto activismo y presencia en la mayoría de los asuntos públicos. Quizás porque la justicia ha resucitado con la idea de ponerse al servicio de los derechos de la gente gracias a una Corte Constitucional cuya eficacia y prestigio rebasan las fronteras.

En este campo, el Senado cumplirá en los próximos días un papel trascendental al elegir a dos magistrados de ese tribunal. Como en las democracias consolidadas, los senadores podrían demostrar que son capaces de ejecutar un proceso de examen transparente, imparcial y riguroso sobre las trayectorias de los candidatos del Gobierno que aspiran a interpretar la Constitución durante los próximos ocho años.

No sería mucho pedir que se escuche la opinión de la academia y el foro sobre las visiones de dichos aspirantes a la hora de abordar las complejas controversias constitucionales que vienen. De otra manera, como convidado de piedra, la autoridad, legitimidad y autonomía del Congreso quedarán una vez más en entredicho, a un costo muy alto para la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos.