Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
NO SOBRA RECORDAR QUE HACE muy pocos días se realizó en Honduras la Asamblea General de la OEA, y que quien presidió esa cita hemisférica ha sido derrocado por un golpe militar que algunos pretenden legitimar bajo la apariencia de legalidad de un presidente interino juramentado ante el Congreso.
Se muestra una carta de renuncia que Zelaya afirma no haber suscrito, con fecha anterior a un reportaje en el diario El País del domingo 28 de junio, en el cual el presidente sostenía que golpe no habría porque Estados Unidos no apoyaba a los golpistas. Aunque acertaba en lo segundo se equivocaba en lo primero. Cuando esa entrevista salía a la luz en Europa, los militares lo estaban sacando al destierro en Costa Rica, devolviendo el reloj de la historia.
La entrada de las botas militares a las casas presidenciales para solucionar crisis políticas repite una vieja película que se creía archivada. La apelación a la fuerza violando la Constitución, así el presidente fuera el primer transgresor, no admite justificación. Y resulta tan grave como amenazar ahora con invasiones militares ajenas a los instrumentos globales para defender la democracia.
Pasarse por la faja el Estado de Derecho como respuesta a un comportamiento inconstitucional de otro poder público, es un expediente que ha apadrinado los autoritarismos más atroces. Si el presidente, por buscar la reelección, había desacatado una orden de la Corte Suprema, se le han debido aplicar los procedimientos legales para juzgarlo. No sacarlo a las patadas con los fusiles hurgándole la espalda.
Hoy resulta relevante recapitular los debates que se dieron hace tres semanas en la Asamblea de la OEA. Porque uno de los objetivos de los países de la iniciativa del Alba liderada por Venezuela, fue eliminar cualquier mención a la Carta Democrática Interamericana (CDI) en la resolución que allanaría el reingreso de Cuba a la OEA. La CDI era el fantasma que había que exorcizar para no asustar con la soga a quien muchos veían como el ahorcado, por no cumplir con los estándares mínimos de la democracia.
Por las vueltas de la política, hoy esa Carta es la principal herramienta que permitiría a Zelaya regresar a Tegucigalpa de la mano de la OEA. La CDI es una especie de vacuna contra el autoritarismo que nació y se hibernó paradójicamente el 11 de septiembre de 2001. Cuando se iba a iniciar el debate final para su aprobación en Lima, el entonces secretario de Estado Colin Powell, solicitó que fuera aprobada por aclamación pues dos aviones habían sido estrellados contra las Torres Gemelas y él debía partir de inmediato a Washington.
A partir de allí, la prioridad de la defensa de la democracia quedó eclipsada por la guerra contra el terrorismo, valor supremo en plena bonanza de la doctrina Bush. Por fortuna las cosas ahora han cambiado: Obama condena sin vacilación el golpe y la CDI deberá salir del cajón para mostrar que es posible el diálogo para el restablecimiento del orden constitucional si ha sido quebrantado.
Es la hora clave de la OEA y de una región que podría testimoniar que, pese a sus diferencias y desencuentros frente a determinados temas, es capaz de cerrar filas para defender los principios y valores de la democracia sin fisuras ni complejos.
Conoce más