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De los 25 años de vigencia de la Ley 100, 16 han correspondido a los gobiernos de las reelecciones, factor que contribuyó a perpetuar las falencias del modelo porque no hubo innovación ni cambios fundamentales. Las dos administraciones se caracterizaron por favorecer al actor dominante del sistema, las EPS, que lograron implementar la nefasta integración vertical e incurrir en la negación de servicios a los usuarios.
Año tras año se aumenta el número de acciones de tutela como lo registra la Defensoría del Pueblo. En 1994, (primer período de la vigencia de la Ley 100), este recurso correspondió a 26.715 acciones, mientras que para 2016, se registraron 617.071, es decir, un crecimiento exponencial. (¿Por qué no se ha publicado el informe de 2017?).
El gobierno Santos aporta al nuevo presidente el truculento episodio de Saludcoop-Cafesalud-Medimás, objeto en días pasados de las denuncias de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, para que, tanto el Ministerio de Salud como la superintendencia respectiva, instauren las investigaciones y las sanciones pertinentes por las irregularidades de ese complejo empresarial, contra la salud de los afiliados.
En ese contexto, el presidente electo debe evaluar que la cobertura de la salud, tan pregonada por los gobiernos de turno, no es una realidad objetiva, mientras persista la negación de servicios. ¿De qué le sirve al ciudadano disponer de un carné de afiliación al sistema, si cuando recurre a solicitar la prestación de los servicios le son sistemáticamente negados, o entorpecidos por los trámites de la burocracia inmisericorde de las EPS?
El doctor Duque ha insistido en que ejercerá la presidencia de la República con independencia y autonomía y que revisará lo que considere que es susceptible de mejorar (por el bien de todos los colombianos), como los acuerdos de paz, para que íntegramente se ajusten a verdad, justicia, reparación y no-repetición. Es decir, sin verdad no habrá perdón y sin justicia no habrá paz.
Desde el sector salud abrigamos la esperanza que procederá de manera similar con la Ley 100 y dispondrá el estricto cumplimiento de la Ley Estatutaria, que “consagra a la salud como un derecho constitucional fundamental autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, que se presta como un servicio público esencial, el cual se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado”, en cabeza del presidente de la República.
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