El debate de las incoherencias

La primera incoherencia radicó en que el personaje más referenciado en el programa, Juan Gossaín, no estaba invitado a la mesa de los panelistas, ni tampoco los doctores Giraldo y Aguirre, director ejecutivo y presidente de la junta, respectivamente, de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, quienes fueron entrevistados por Gossaín para la columna aparecida ese mismo día en el periódico El Tiempo.

La otra incoherencia mayúscula fue de Jaime Arias, presidente del gremio de la EPS, quien, con la petulancia del actor dominante, afirmó que “el sistema está funcionando y no está colapsado”. No consideró el titular de la columna de Gossaín: “Clínicas y hospitales a punto de cerrarse porque no les pagan. En el centro del problema, las EPS”. Arias quedó perturbado cuando su aliado, el ministro Gaviria, ratificó que gran parte de la quiebra de la salud se debió a la desviación de recursos consumada por la EPS.

Ni el ministro Gaviria, ni Acemi, pueden invocar la ineficacia de la Fiscalía para investigar las denuncias de la excontralora Morelli, o de la Procuraduría, o de la Defensoría del Pueblo, como argumento para exonerar a las EPS y a las cajas de la iliquidez que padece el sector, debida a esa malversación de los dineros de la salud.

La incoherencia de los aliados de oficio, en el tema de la Ley Estatutaria, fue dramática.

Arias atribuyó a la Corte Constitucional el déficit financiero de las EPS, por proferir la sentencia T-760, que ampara el derecho de los ciudadanos a reclamar, por vía de tutelas, los servicios de salud que les son negados, a través de innumerables subterfugios manipulados por ellas, argumentando que tales intervenciones están fuera del POS. Por supuesto que en ese discurso involucró a la Ley Estatutaria, por cuanto la sentencia T-760 abonó la substancia constitucional para esta ley.

Gaviria agregó que Colombia es el único país del mundo que aprobó una ley estatutaria para consagrar el derecho constitucional a la salud. A renglón seguido declaró que no se requiere de una nueva reforma del sistema, porque ya está contenida en la Ley 1438. Si alguna ley es contraria al derecho fundamental a la salud, es precisamente la 1438, porque mantiene, a través del aseguramiento, el negocio de este servicio público y porque su origen está cimentado en la corrupción del Congreso. ¿Acaso se olvidó Gaviria que la excontralora Morelli descubrió los correos entre el señor Palacino y el parlamentario Holger Díaz H., quien reclamó su coima, con número de cuenta, al poderoso Palacino por la aprobación de la mencionada ley? Si esa es la ley que gobierna, qué credibilidad ciudadana se puede reconstruir, como pretende Gaviria, para un sistema tan viciado.

La única coherencia de los panelistas es que ninguno sabe cuál es el monto real del déficit financiero de la salud. El ministro, economista destacado, lo divide en dos rubros: la deuda a los hospitales y clínicas, estimada entre 4 y 5 billones, y la del déficit patrimonial de las EPS, valorada en las mismas cifras. Es decir, cerca de $10 billones, suma más cercana a la manejada por otras instituciones del sector, tasada en $12 billones. ¿Cuándo los van a pagar?