El fanatismo: secuela de los octenios

Cuando el presidente Duque anunció que no continuaría con esas estrategias se desató la polarización, porque los afectos al segundo octenio, en contubernio con las fuerzas tradicionales de la oposición (reforzadas por los congresistas regalados por el pacto de La Habana), difundieron la pancarta de que su gobierno estaba doblegado por el uribismo. Algunos columnistas se han empecinado, como Silva Luján, en el escalamiento de esa polarización.

El fanatismo conduce a la interpretación tendenciosa de la historia presente y pasada. Silva Luján se duele de que el presidente Duque, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, haya inaugurado el nuevo puente Pumarejo, ignorando que, como tantas otras, es una obra civil del Estado colombiano y no de un gobierno en particular. La Ley 113 de 1962 (gobierno de Guillermo León Valencia) ordenó la construcción del mencionado puente. Entre 1966 y 1970 (gobierno de Carlos Lleras Restrepo) se cambió el diseño original y se inició la construcción. El 6 de abril de 1974, el presidente Pastrana Borrero inauguró la obra. En 2006 (primer octenio de la época contemporánea), el director del Instituto Nacional de Vías anunció la inclusión del proyecto del nuevo puente en el Plan de Desarrollo 2006-2010. El nuevo puente se inició el 20 de agosto de 2015, (segundo octenio de la época contemporánea), que le correspondió inauguar al presidente constitucional el 20 de diciembre pasado. En conclusión, el puente Pumarejo es una historia de 57 años y varios gobiernos.

Silva Luján aplica el espejo retrovisor en modo inverso. Descalifica al Gobierno, de 17 meses de duración y a su futuro, desconociendo los problemas heredados del octenio inmediatamente anterior. Para mencionar: el descuido en atender oportunamente la demanda de Nicaragua cuya consecuencia fue la pérdida del 43% del mar territorial en el conflicto con ese país, por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 19 de noviembre de 2012; el crecimiento exponencial de los cultivos de coca, al pasar de menos de 50.000 hectáreas en 2010 a 209.000 en 2018 (Salud Hernández, El Mundo, 08/08/18); la indolencia con la inmigración venezolana, que se originó al permitir que el dictador Maduro fuera garante de los pactos de La Habana, por cuanto la contraparte de los diálogos estaba refugiada en ese país; el descalabro para el sistema de salud que significó el desvío por parte de Saludcoop de los dineros aportados por los colombianos a través de los parafiscales, desconociendo las denuncias de la contralora Morelli (2012) a quien el gobierno del octenio no respaldó, ni adelantó alguna gestión para forzar al fiscal Montealegre a investigar esas denuncias. Se consolidó el traslado de los usuarios de Saludcoop a su subsidiaria Cafesalud y posteriormente la venta a Medimás, que resultó peor que sus antesesoras. Precisamente, el pasado 7 de enero, la Procuraduría llamó a juicio a Guillermo Grosso, nombrado por el gobierno Santos como interventor de Saludcoop.

Aún queda por resolver la supuesta financiación de Odebrecht a las campañas del octenio, que en Perú, donde opera una buena Fiscalía, ha condenado a cuatro expresidentes.

Avemarías por el gobierno del presidente Duque: si le va bien a él, le va bien a Colombia.