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Cristina de la Torre escribió en El Espectador que “en su abominable política de proteger el negocio de las EPS, el Gobierno estrangula a clínicas y hospitales”. Con la complicidad del Estado, las EPS disfrutan la escalada de impunidad que las ampara, para seguir incumpliendo su obligación de pagar la deuda a la red hospitalaria, que ya asciende a 12 billones de pesos.
El colombiano que observa y sufre semejante corrupción, experimenta frustración y decepción sobre la viabilidad de este país, porque no es solo el Gobierno, sino la casi totalidad de las instituciones estatales, las que han permanecido indiferentes ante el desfalco cometido por las EPS con los dineros públicos de la salud.
Se ignora si la Fiscalía formuló imputación de cargos a los responsables de la desviación de esos recursos, o si solicitó a la policía internacional que el señor Palacino sea capturado para que responda ante la justicia colombiana por los delitos perpetrados en Saludcoop. En cambio, sí investigó a la excontralora Morelli (basada en el contrato de arriendo del edificio), quien había denunciado los nexos entre el fiscal y Palacino. La Comisión de Acusación de la Cámara, que tendría que examinar la conducta del fiscal en esta materia, demuestra la misma desvergüenza de su emblemático proceso 8.000.
El Congreso, en vísperas de elecciones, prefiere ignorar el colapso producido por las EPS al sistema de salud y tampoco ejerce control político al Ejecutivo para que acate las disposiciones de la Ley Estatutaria que aprobó y luego sentenció la Corte Constitucional.
Seguir emitiendo decretos o acciones ejecutivas contrarias al articulado de la Ley Estatutaria es prevaricato. ¿Qué organismo se está ocupando de examinar si el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en la legislatura pasada violó esa normatividad?
Que el ministro Gaviria se atreva a sugerir que los hospitales y clínicas busquen créditos bancarios para no cerrar sus puertas y suspender los servicios a la población, por la insolvencia a la que los sometieron las EPS, es una tesis de cinismo injurioso que solo confirma su desequilibrio en la gerencia del sector.
Esa actitud burla la equidad social, a la que aludió el presidente Santos en la instalación de las sesiones del Congreso, el 20 de julio. Igualmente es aberrante su propuesta de crear nuevos impuestos, para que subsidiemos a las EPS, sin que él ni el superintendente de Salud hayan adelantado todas las acciones correspondientes a fin de que la justicia ordene que las EPS devuelvan los dineros públicos que se apropiaron, ocasionando el derrumbe del sistema y la quiebra de las organizaciones prestadoras.
Los repetidos plantones de pacientes, de empleados y funcionarios del sector hospitalario a nivel nacional deben ser interpretados por el Gobierno y las entidades estatales como un indicio de la revuelta social que se avecina ante la ruina de la salud, originada en los abusos de las EPS. Robar el dinero público en los carruseles de la contratación o de la infraestructura es grave, muy grave, pero robar el dinero de la salud de la gente es un delito de lesa humanidad, porque atenta directamente contra la dignidad y la vida del ser humano.
Parche: ¡Pobre Bogotá! Otra vez las ambiciones políticas personales impiden la recuperación de la ciudad. ¿No es eso lo que significa el apoyo de Cambio Radical a Peñalosa, para afectar la candidatura de Rafael Pardo? Vale recordar a Parody, Luna y Carlos F. Galán, quienes favorecieron la elección de Petro.