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La incursión de la clase política tradicional en la campaña del Pacto Histórico les está pasando factura no solo a los antiguos escuderos del presidente electo, sino fundamentalmente a los electores de la primera y segunda vueltas de la contienda presidencial que sufragaron por el cambio.
El 29 de mayo los votantes expresaron tres requerimientos a la democracia colombiana: 1) Opción de cambio, en reemplazo del continuismo, hacia un país equitativo y una sociedad éticamente correcta. 2) Censura a la clase política tradicional y las prácticas acostumbradas de la burocracia y la “mermelada” a los congresistas, para canjear su voto a favor del gobierno de turno. 3) Lucha frontal y decidida contra la corrupción.
Con este mandato, el 19 de junio votaron 11’281.013 por el candidato Petro y 10’580.412 por el candidato Hernández. Significa que 21’861.425 colombianos (el 56 % del censo electoral) exigen que el nuevo gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, cumpla plenamente lo expresado en las urnas. Es un imperativo democrático, más allá de las etiquetas de izquierda o derecha.
La estrategia del Pacto Histórico para ganar la Presidencia implicó que el entonces candidato aceptara en sus toldas a los señores Roy Barreras, Armando Benedetti, Luis F. Velasco y, al final, a Alfonso Prada (cuestionado por sus manejos escandalosos en el SENA), provenientes del continuismo político. Su misión fue destruir a los candidatos de otras coaliciones, “corriendo la línea de la ética”, en el caso de Barreras, como lo evidenciaron los “petrovideos”, y fraguar todo tipo de acuerdos con los partidos políticos, de los que se ufanó Prada.
Varios analistas han comentado las implicaciones del acuerdo nacional que propone el presidente electo. “No es malo buscar apoyos parlamentarios para facilitar la labor legislativa; lo es hacerlo a base de entregarles a los congresistas «girones de Estado», para que hagan de las suyas con la contratación. Si eso no se repite, sería la mejor manera de combatir en serio la corrupción” (“¿Para qué la «gobernabilidad»?”, Alfonso Gómez M., El Tiempo, 28/06/22).
El presidente electo debe considerar que el cambio del mandato ciudadano al no continuismo está esencialmente dirigido a los partidos tradicionales y sus representantes en el Congreso, donde se origina la corrupción política de contratos y prebendas. Esa es la historia de la vieja política, que hastió a los ciudadanos y no se debe repetir en el nuevo gobierno.
Para el presidente electo es una disyuntiva compleja. Si para consolidar mayorías parlamentarias recurre a las prácticas de sus predecesores, ejerciendo el continuismo y frustrando la expectativa ciudadana, o se empeña en demostrar que es posible gobernar de una manera diferente, que genere rectitud y responsabilidad cívica de los legisladores. El candidato oponente anunció que expondría ante el público elector a quienes en el Congreso entorpecieran el trámite de los proyectos de ley necesarios para el progreso común de la nación a cambio de “mermelada”.
Los directorios políticos y sus parlamentarios, ante el rechazo de la sociedad a la corrupción de tantos años, igualmente tienen un mandato contundente de cambio o desaparecerán irremediablemente.
La adhesión del excandidato Hernández al pacto de unidad nacional no obedece al Estatuto de la Oposición aprobado hace cuatro años, del que hizo gala el presidente electo cuando, habiendo perdido las elecciones en 2018, ingresó como senador para liderar la oposición al ganador, Iván Duque M. “Esta no es una discusión cualquiera. Tiene que ver con el cumplimiento de la ley que consagró el derecho fundamental autónomo a la oposición política, derivado del derecho a la participación, que conlleva el control del poder previsto en la Constitución colombiana e incorporado, según pronunciamientos internacionales de derechos humanos” (“Es oposición, no premio de consolación”, Nancy Patricia Gutiérrez, El Tiempo, 03/07/22).
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