La salud: ¿trampolín de la extrema izquierda para el 2022?

El 3 de agosto de 2018, esta columna, bajo el epígrafe “Centro de Memoria Histórica de la Ley 100”, publicó: “El presidente electo y sus funcionarios están comprometidos con la ciudadanía a ejecutar el mejor gobierno que garantice que la angustia y el desasosiego de la primera y segunda vueltas presidenciales no se repita en 2022. Un buen gobierno responde a las necesidades sentidas de la población y la primera es la salud, porque está consubstancialmente ligada al derecho fundamental del ser humano: la vida. El programa de gobierno para la salud debe trascender esta realidad ética y moral, por encima de los intereses de los sectores económicos, para los que el ser humano es secundario”. Finalizó agregando: “El nuevo Gobierno sabe que los problemas del sistema de salud son estructurales y que ‘acabar con las malas EPS’ [Duque en campaña] no los va a solucionar. En consecuencia planteará, con independencia y autonomía, un modelo consecuente con este derecho ciudadano”.

Tan buenos augurios, en lo que va corrido del Gobierno, no se cumplieron. Por el contrario, en las anteriores administraciones el poder dominante de las EPS no fue tan avasallador como en la actual, porque el gremio que las representa determina las políticas públicas para el manejo de la pandemia.

Empezaron negando las pruebas a los posibles contagiados al inicio de la pandemia, maniobra que fue denunciada por la contralora delegada para la salud, Lina María Aldana, que se relató en esta columna: “Así responden las EPS a la pandemia del COVID-19” (26-mar-20). Tal acusación fue ignorada por el ministro Ruiz, y, en plena expansión de la pandemia, le ordenaron cambiar el protocolo de la toma de pruebas, para remplazarlo por el diagnóstico clínico, táctica refutada con las referencias adecuadas en “Quién manda en la salud?”, de esta columna, publicada el 6 de agosto. En el seriado presidencial del 21 del mes pasado, el ministro ratificó su sumisión a las EPS, al afirmar que había disminuido “la demanda” de las pruebas, como si el manejo de una pandemia fuera una estrategia de mercadeo, sujeta a los pulsos de la oferta y la demanda. El mensaje es engañoso, porque asume que son los ciudadanos quienes rehúsan practicarse las pruebas, cuando la realidad es que las EPS les niegan el diagnóstico del testeo para COVID-19 a los sintomáticos que lo reclaman.

La directora del INS, en informe al Congreso de la República, recogido por Colprensa (20-ago-20), anunció los picos de la pandemia: para Bogotá, será el 6 de septiembre; Cali, el 10, y Medellín, el 24. No obstante, el Gobierno proclamó la “reactivación” económica de casi todo, a partir del 1º de dicho mes. Es, ni más ni menos, un giro de 180 grados en el sesgo que el Gobierno impuso desde el 24 de marzo, que le otorgó a Colombia el impugnado récord de ser el país con la cuarentena más prolongada. También está entre los peores del mundo en casos totales (7º), casos nuevos (4º), muertes (12º), pruebas e indicadores: por debajo del promedio, por cada millón de habitantes.

Estas elevadas cifras expresan la descalificación de las cuarentenas prolongadas. “¿Dé que han servido, además de deprimir la economía, producir la tasa más alta de desempleo, incrementar la endemia del hambre y la delincuencia, y generar la desconfianza ciudadana en su beneficio para mitigar el COVID-19?”. Así se afirmó en artículo del 9 de julio: “Por los picos del COVID-19, todos a rectificar”. El cambio de rumbo del Gobierno con la denominada “nueva normalidad” demuestra las graves equivocaciones iniciales en el manejo de la pandemia, que se pretenden corregir súbitamente improvisando medidas, ante la ausencia de verdaderas políticas de la salud pública, que siempre son a largo plazo.

La extrema izquierda capitalizará todos esos errores para sus objetivos electorales en la campaña de 2022. Nuevamente utilizará el eslogan de cambio del sistema, eliminando la Ley 100 y favoreciendo la Ley Estatutaria de Salud, que le mereció algunas ilustres adhesiones en las elecciones de 2018.

Parche I. El presidente Duque no le ha revelado a la ciudadanía cuándo anunciará la “reactivación” del Ministerio de Salud y de sus funcionarios, autores intelectuales y materiales de los estropicios que ahora padecemos como sociedad en el contexto internacional.

Parche II. ¿Cuál es el estado de la democracia si los organismos de control los presiden exfuncionarios del actual Gobierno?