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El editorial “Con Ecopetrol no se juega” (El Espectador, 17/07/22) es una alarma sobre los riesgos a la estabilidad política del país, comprometida por algunas maniobras del gobierno saliente, que, en el caso de Ecopetrol, prolongó hasta 2025 el período de la Junta Directiva, presidida por el señor Luigi Echeverri, quien fue gerente de la campaña del presidente Duque.
El constituyente, en el artículo 189, definió que entre las funciones del presidente está la de “nombrar y remover libremente a sus agentes”. No obstante, Ecopetrol es una empresa mixta, en la que el Estado es accionista mayoritario, con el 88,49 %; es decir, lo que suceda en sus operaciones tendrá un impacto directo en la economía nacional. Por esta razón, el gobierno entrante y el ministro de Hacienda designado han reclamado su derecho a trazar las nuevas políticas de la emblemática empresa y convocarán a nueva asamblea para los cambios necesarios en la Junta Directiva. El constituyente no consideró que fuera necesario enumerar las circunstancias en las que el gobernante saliente debería abstenerse de interferir en las políticas de su sucesor. Asumió que la decencia democrática persistiría en el devenir republicano.
Para entender dicho proceder, cabe considerar si el presidente Duque sigue mortificado con la narrativa de que su electorado sufragó en 2018, en un gran porcentaje, contra el candidato Petro, quien es ahora el presidente electo. Por otra parte, sería su reacción ante quienes opinan que las deficiencias de su gobierno favorecieron el triunfo de su opositor de marras.
Duque finaliza su mandato con una desaprobación del 67,0 % (Invamer, 20/05/22). Los indicadores de la percepción ciudadana de la misma encuestadora registran valores pesimistas en inseguridad (93 %), costo de vida (96 %), medio ambiente (83 %), desempleo (84 %), economía (88 %) y pobreza (81 %).
Obviamente, algunas de estas cifras deben ser analizadas desde la perspectiva de la influencia devastadora generada por la pandemia del COVID-19, que afectó a todos los países, particularmente a los catalogados como en vías de desarrollo. El esfuerzo de Duque para superar esa contingencia debe ser reconocido en la evaluación histórica de su gobierno.
Con esa salvedad, Duque deja la imagen de ser autoritario y gobernar con y para el amiguismo. No observó la distancia requerida entre el Poder Ejecutivo y los órganos que lo deben controlar, para preservar la integridad del sistema democrático. Fue ligero al nominar a personas tan cercanas a sus afectos de universitario (o a sus intereses políticos) para cargos de tanta trascendencia en el Estado social de derecho.
Se afectó el respeto de la ciudadanía por el primer magistrado. Las conductas de la procuradora, el fiscal general y el contralor así lo demuestran. A pesar de las promesas de campaña, en su gobierno ocurrieron actos de corrupción como el protagonizado por Centros Poblados en el Ministerio TIC, con respuesta tardía del presidente. Ahora, en el ocaso de su cuatrienio, se descubre que hubo desviaciones de los recursos destinados a la implementación de los programas establecidos en el Acuerdo de Paz.
Fue contraproducente que, por aferrarse a los resquemores de su partido con el proceso de paz (gestado por la administración Santos), hubiera sido displicente con los organismos pertinentes, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. La paz es un sentimiento con arraigo nacional que debe ser favorecido por el Estado.
El ministro Fernando Ruiz, plagiando a su jefe, se ha expresado irrespetuosamente contra la reforma al sistema de salud que propone la ministra designada. El saliente funcionario ha desconocido la inequidad generada por el poder dominante de las EPS, en contra del derecho fundamental a la salud, consagrado por la Ley Estatutaria de 2014. Pareciera que el ciudadano Ruiz no supo nunca de su existencia.
Parche. El presidente electo debe prohibir las intervenciones polarizantes del señor Roy Barreras, que le hacen tanto daño a su imagen y a la democracia. Se hizo acreedor al repudio ciudadano al cruzar la línea ética, destruyendo moralmente el buen nombre y la honra de los contrincantes en la campaña electoral y ahora enardece a la crítica al anhelar que el programa del presidente electo se extienda por 12 años.
Barreras era senador, por alguno de los partidos por los que ha transfugado, cuando, después de los ocho debates reglamentarios, el Congreso eliminó la reelección presidencial el 3 de junio de 2015.
El unanimismo de la clase política tradicional para la presidencia del Senado empieza a manifestar reacciones preocupantes que ojalá no terminen en el totalitarismo, como ha ocurrido en otros países de la región.
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