Las generaciones del desencanto

El 31 de agosto finalizó la cuarentena obligatoria de cinco meses y medio, impuesta por el Gobierno, que afectó gravemente a las generaciones etarias extremas: los adultos septuagenarios y los niños. Aunque la tutela interpuesta por los representantes de los mayores fue ganada contra el encarcelamiento domiciliario decretado por Duque desde el inicio de la pandemia, quedó en los ciudadanos la sensación de que llegar a esa edad significaba para el Gobierno una contingencia incómoda, por el riesgo de contagio del COVID-19 que afectaría las finanzas de las EPS. No era al adulto al que había que proteger, sino al sector del aseguramiento comercial del sistema de salud, que tendría que cumplir su obligación de cubrir los gastos de tales personas, en caso de enfermedad.

Promulgaron una narrativa paternalista e irrespetuosa, con la muletilla de “cuidar a nuestros abuelitos”, repetida en el seriado presidencial y mal plagiada por el ministro Fernando Ruiz.

El maltrato discriminatorio condujo a que algunos integrantes de esa generación, que habíamos sufragado por el candidato Duque, tuviéramos que apartarnos de sus políticas en el manejo de la pandemia por la violación sistemática de los derechos humanos, a la que contribuyó despiadadamente el ministro Ruiz. El 4 de junio se publicó en esta columna “La inhumanidad de las políticas en los tiempos del COVID-19”, en la que se citó a Álvaro Forero: “Ojalá a los gobernantes no les quede gustando el papel de dictadores al que han jugado durante este golpe de Estado a los derechos más mínimos de los ciudadanos”. El 11 de junio se redactó “El trato indigno a los profesionales de la salud”, señalando que Ruiz acusó a los médicos intensivistas de negociar la hospitalización de pacientes en las UCI. Previamente, en los lineamientos del 11 de mayo para la atención de salud oral, el ministerio de Ruiz practicó la depredación laboral al ordenar que, independientemente de sus calidades profesionales y académicas, los odontólogos septuagenarios no podrían ejercer su profesión. Reglamentó que “pueden dedicarse a las actividades de contacto virtual o telefónico”. Estos decretos no se emiten en un Estado social de derecho, sino en una dictadura de facto, en la que se desconoce la advertencia de los oficiales de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre la importancia de proteger los derechos de las personas “durante el brote de COVID-19. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo. A condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” (9/04/20). Este acoso incidió directamente en la afectación de la salud psíquica de los despojados de su ejercicio profesional, único soporte para el sostenimiento de sus familias.

A los niños, como a los mayores, el encerramiento los ha perjudicado en su desarrollo social y emocional, que pareciera no haber sido considerado en los decretos de la pandemia. No es una buena experiencia para recordar en el futuro, y la carencia de las vivencias propias de la niñez, de la juventud y de la madurez permanecerá en el sitial de lo que pudo haber sido y no fue.

La sociedad se cuestiona si los cinco meses y medio de cuarentena obligatoria fueron un sacrificio inútil, porque las tasas de contagios y de letalidad del COVID-19 son similares, y en algunos casos superiores, a las de países con períodos de aislamiento mucho más cortos que el de Colombia. Lo cierto es que el Gobierno, al decretar la apertura de casi todo desde el 1º de septiembre, está reconociendo que sus políticas iniciales fueron equivocadas, no solo en el manejo de la pandemia, sino en la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Ahora les asigna la responsabilidad individual de la contención de la infección, en la incertidumbre de sálvese quien pueda.

Parche. En el debate de control político de la Comisión 6ª de la Cámara de Representantes del 2 de septiembre, José Luis Correa denunció la manipulación de las cifras de las pruebas de COVID-19 por parte del Gobierno. El ministro Ruiz no mencionó que él mismo, en el seriado presidencial del 21 de agosto, reportó que había “disminuido la demanda” de las pruebas. Conclusión: la razón es del representante Correa: con menor número de pruebas, el Gobierno “aplana” la curva de los contagiados. ¡Ay, mi país!