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«La salud no puede ser un negocio… la salud es un servicio social y es un derecho que tienen los colombianos y con ese principio hay que actuar y hay que encontrar esas soluciones», Juan Manuel Santos, 12-08-2011.
La misiva de los exministros de Salud al presidente Santos es un evento sorprendente en la historia política del país. Es inusual que los extitulares de una determinada cartera en sucesivos gobiernos se congreguen en una comisión asesora ad hoc, para proponer el cambio estructural de una política social específica: la salud de los colombianos. La relevancia del comunicado radica en que quienes lo suscriben representan períodos antónimos en la prestación de los servicios de salud a la población colombiana: el de antes y el posterior a la funesta Ley 100, sancionada por Gaviria el 22 de diciembre de 1993, en el apogeo del capitalismo salvaje.
El primero se caracterizó por haber sido un verdadero sistema de salud, que indujo políticas estatales de promoción y prevención que se reflejaron en el control de enfermedades endémicas. Colombia se ubicó en una posición privilegiada en el contexto de la salud pública latinoamericana. A pesar de problemas administrativos y de ineficiencia, los pacientes no se morían en las puertas de los hospitales y la población desprotegida recibía atención en las instituciones hospitalarias de la red pública (Luces y sombras de la reforma de la salud en Colombia. Ley 100 de 1993. Yepes, Francisco José, et al., 2010). El sucedáneo no es un sistema integral de salud, porque su objetivo fue intencionalmente económico. Cuando Juan Luis Londoño expuso el plan que se plasmó en la Ley 100, en un foro hospitalario que se realizó en junio de 1993, le pregunté: “ministro, ¿en dónde queda la salud en su proyecto?”. En el modelo vigente se han deteriorado significativamente los indicadores de salud pública; la corrupción es rampante porque se colecta mucho dinero de los impuestos parafiscales y de los planes de medicina prepagada, que en un 50% se queda en las arcas de los intermediarios y con el que también se cooptan las instituciones estatales para perpetuar su posición dominante; los pacientes siguen siendo sometidos a la ignominia de trámites dilatorios para reducir el gasto en salud de las EPS.
Es tan extremadamente grave la situación actual y la que se avecina que los exministros, con un profundo sentido de patria y aliados sin consideraciones políticas partidistas, en una verdadera unidad nacional, resolvieron dirigir al presidente su respetuosa solicitud para que se cambie el modelo de la Ley 100 por un sistema en el que el derecho fundamental a la salud prime por encima del ánimo de lucro.
El Gobierno, al acoger la propuesta, estaría respondiendo al clamor ciudadano que no soporta más engaños y desatención en los servicios de salud y rechaza el delito de la apropiación indebida de los dineros públicos de la salud.
El presidente cuenta con el apoyo de los exministros y de las organizaciones profesionales del sector, que han venido liderando esta campaña por un nuevo sistema de salud centrado en la humanidad del paciente.