Por los picos del COVID, todos a rectificar

Esta decisión es trascendental para que los agentes del gobierno sopesen que los decretos, por la emergencia sanitaria, no pueden seguir vulnerando los derechos mínimos fundamentales de los ciudadanos. A su vez, es un ejemplo para que otras organizaciones sociales, particularmente de los profesionales del sector salud, adelanten ante el poder judicial, las acciones correspondientes en la defensa de su dignidad, de la medicina, de la odontología y de la enfermería colombianas, repetidamente burladas por el ministerio y la superintendencia del ramo, como se ha denunciado en entregas previas de esta columna. No son suficientes las excusas del ministro, cada vez que esgrime contra los médicos, los intensivistas, a los que ha tildado de negociantes, o los odontólogos, con la deshonra del ejercicio domiciliario que propende, para favorecer otro negocio de las EPS. O relegarlos a la condición de telefonistas, por sobrellevar su experiencia profesional hasta los 70 años, que el ministerio ha convertido en una nueva comorbilidad. Ya no más, señor ministro Ruiz.

La pedagogía para la responsabilidad individual ciudadana, en el control de la pandemia, debe ser rectificada, hacia un modelo que genere convicción, y no sustentada en el miedo, o en el pánico. A los requisitos del uso del tapabocas que cubra las fosas nasales, el lavado frecuente de manos, el aislamiento a dos metros del vecino y la no aglomeración grupal en ninguna circunstancia, el gobierno se ha cuidado de no agregar otro fundamental: la denuncia por la negación de servicios de las EPS.

La casuística sobre la solicitud de pruebas PCR, o serológicas, de afiliados a esas entidades, que son negadas, está documentada en la prensa nacional, en las instituciones hospitalarias y en los gobiernos regionales. Ese es un delito sanitario penal, que no ha sido sancionado.

Si alguien accidentalmente entra en contacto con un individuo identificado como positivo debe ser atendido inmediatamente por su EPS para que le practiquen las pruebas, sin trámites de rechazo. Esa ha sido la estrategia exitosa en Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Taiwán y Japón, para contener la expansión de la pandemia. Las EPS deberían tomar la iniciativa de adelantar la búsqueda de los contactos de los afectados. Pero, claro, la salud publica no es su objetivo porque es incompatible con el negocio.

Las elevadas cifras de contagiados y de fallecidos en las últimas semanas expresan la descalificación de las cuarentenas prolongadas. ¿Dé que han servido, además de deprimir la economía, producir la tasa más alta de desempleo, incrementar la endemia del hambre, de la delincuencia, y generar la desconfiaza ciudadana en su beneficio para mitigar el COVID-19?

Se suponía que serían aprovechadas para expandir y dotar a las unidades de cuidados intensivos de los respiradores y preparar los equipos multidisciplinarios del talento humano para la atención de los enfermos.

El déficit de los respiradores ha sido utilizado con fines de protagonismo político por la alcaldesa de la capital, generando aún más desengaño en la ciudadanía por el manejo equívoco de la pandemia.

El gobierno del presidente Duque se ha visto afectado por esos desaciertos pero, más grave aún, el futuro de la democracia colombiana queda seriamente comprometido. Cómo discernir de otra manera, que el senador Petro (precandidato perenne), haya apoyado las protestas callejeras, en medio de la pandemia, violando todas las normas del aislamiento social?