Trapisondas contra la salud

1. La presidenta de la Comisión Primera del Senado, quien dilató los nombramientos de coordinador y de ponentes hasta el 12 de abril, a pesar del mensaje de urgencia presentado por el Gobierno. Luego, el 22 de mayo canceló la sesión en la que se daría primer debate al proyecto. Posteriormente, en la sesión conjunta de las comisiones de las corporaciones el 4 de junio, permitió que los representantes abandonaran el recinto para disolver el quórum y, mediante ese ardid, impedir la discusión del proyecto.

Respecto al primer episodio, el Noticiero CM& emitió una nota titulada “la senadora Karime Mota le hace difícil la vida al Gobierno”. En la entrevista, ella respondió que tal decisión no obedecía a represalia alguna contra el Gobierno, por la denuncia de Saúl Villar Jiménez (de la red de veedurías ciudadanas), interpuesta ante el Consejo de Estado, basada en la información del superintendente de Salud, Gustavo Morales, a los medios de comunicación, por un supuesto tráfico de influencias de la senadora Mota y de su colega Roy Barreras, los que “le insistieron y presentaron hojas de vida en su despacho para recomendados de ellos”.

2. Las EPS. El senador Avellaneda declaró para el mismo noticiero, el 4 de junio, que el ausentismo de los congresistas “no es gratuito. Si las EPS han dirigido recursos a partidos políticos y candidaturas en el pasado, y tengo pruebas de ello, no habría razón para que no lo hagan en el presente, sobretodo cuando están a punto de recibir acta de defunción”. El senador Luis Fernando Velasco agregó que el ausentismo responde al “vergonzoso cabildeo que adelantan esas entidades” en contra de la reforma estatutaria de la salud.

El resultado de la auspiciada avalancha de la Cámara fue forzar el retiro del proyecto del Senado, para que las comisiones conjuntas consideraran el de esa corporación, que además contaba con el padrinazgo del ministro Gaviria. Se consolidó lo que la revista Semana (8-06-2013) denominó “la bancada de la salud en el Congreso, al desnudarse los intereses ocultos que tendrían los legisladores que reformarán el sector”.

3. El ministro Gaviria. Desde la radicación en el Senado del hundido proyecto, advirtió que no consideraba necesaria una ley estatutaria, aunque al final, avaló el remedo del de la Cámara. El ministro es otra víctima de la Ley 100, que durante los pasados 20 años desmanteló la infraestructura del Ministerio de Salud y, ante la abrumadora crisis de la salud, no evidencia otra perspectiva diferente a la de continuar apoyándose en las EPS, es decir, perpetuar el modelo del negocio delegado en esas entidades.

Conclusión. Esta es otra reforma sin trascendencia para los colombianos y se hizo visible que la agenda legislativa está sometida a intereses cicateros de algunos legisladores y no al bien común de la sociedad. Las prácticas señaladas desdicen de la calidad del parlamento, son una manifestación de corrupción y fomentan la desconfianza ciudadana en las instituciones.

* Fernando Galindo