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Las dos anteriores semanas constituyeron la primera crisis profunda del gobierno de Petro. Algunos comentaristas y tuiteros, muchos de ellos muy bien intencionados, entraron en pánico y se lamentaron amargamente de no haber propugnado antes por la pureza. Pero es una lamentación tardía, que no identifica las fuentes de los problemas y que de hecho puede crear otros nuevos.
Petro en realidad ha estado enfrentando tres problemas bien distintos. El primero fue la reacción de su coalición a la reforma de la salud. El segundo, toda una serie de movilizaciones sociales, con demandas largamente represadas, que están generando enfrentamientos directos con la fuerza pública. El tercero, de lejos el más dañino, las acusaciones de corrupción que pesan contra su hijo y su hermano. Veámoslos en orden.
La reforma a la salud plantea la cuestión de las prioridades y los tiempos. Que una reforma es necesaria en algún momento parece claro, pese al esfuerzo desesperado de distintos medios, sobre todo electrónicos, para darles voz a las EPS por encima de la del común de los colombianos. Estas, sin embargo, se expresan diariamente en literalmente cientos de miles de tutelas de usuarios básicamente inermes frente a la enorme prepotencia de esas entidades. Las preguntas, entonces, surgen más aguas arriba: cambio sí, ¿pero cómo? Las apuestas son enormes. Frente a un juego con apuestas de ese tamaño, no se puede llegar sin preparación cuidadosa. Pero ya vimos que el debate dividió a la coalición, incluso al propio gabinete, y dejó en claro que el discurso gubernamental de cara a la ciudadanía está quedando tremendamente corto.
El Gobierno tiene que considerar seriamente la secuencia de transformaciones que presentará al Congreso, desde el punto de vista de su contundencia y de su importancia: no “en general”, sino de acuerdo con la capacidad de generar círculos virtuosos transformadores y tangibles.
Algo análogo se puede decir sobre las movilizaciones sociales, sobre todo en el mundo agrario. Las omisiones frente a ese mundo se acumulan —incluyendo las del Plan Nacional de Desarrollo, pero creo que la cosa va mucho más allá— y se pueden terminar convirtiendo en fuente de amargas decepciones. La Colombia rural espera mucho de este Gobierno. ¿Cómo aparece en sus prioridades? Piensen en los luctuosos eventos de Caquetá. Las demandas iniciales eran bien modestas, ¿eh? Está muy bien que una nutrida y poderosa delegación gubernamental haya ido, velozmente, a apagar el incendio y que en efecto haya tenido éxito: ¿pero por qué dejaron que aquel estallara y se propagara, pese a que durante un largo tiempo se acumularon de manera más o menos obvia las rabias y los materiales explosivos?
Respecto de las acusaciones de corrupción, la actuación del presidente ha sido muy correcta y fundamentalmente diferente a la de anteriores administraciones en trances similares. Eso está muy bien; toca destacarlo. Pero, una vez más, aquí hubo toda una serie de señales públicas y de advertencias, que se ignoraron alegremente, mientras que los hoy encartados desarrollaban una intensa actividad y tenían acceso a diferentes instancias de toma de decisiones.
De las crisis se entra y se sale. Pero ellas pueden generar consecuencias irreparables; no hay que jugar con fuego. Creo que es crucial que a este Gobierno le vaya bien. Por eso, pienso que debe aprender —de manera rápida, sin construirse justificaciones— de todos estos episodios. Ellos ofrecen lecciones simples e importantes. Establecer prioridades. Incluir de manera mucho más clara al campesinado en ellas. Atender de manera mucho más oportuna las señales de alarma.
Ojo: es menester asimilarlas y aplicarlas cuanto antes. Por ejemplo: la tregua con los grupos armados no estatales es sostenible, pero no de manera eterna. Ya hay, precisamente, señales de alarma, que algunos medios y opositores quisieran aprovechar. Las situaciones de compromiso son esenciales para el tránsito hacia la paz, pero no pueden durar para siempre. Hay que empezar a meter rigor, tiempos y claridad.
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