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El Gobierno sigue empeñado en adelantar su guerra química contra los cultivadores de coca. Lo está haciendo contra viento y marea, dando además un paso ulterior en el brutal deterioro de los pesos y contrapesos institucionales, uno de sus principales legados.
No es tan fácil encontrar las razones subyacentes a esta ofensiva. Los costos son claros. De todas las medidas contra las sustancias ilícitas, la aspersión parece ser de lejos la más impopular, como lo sugieren ya un par de encuestas. No tiene nada de raro que sea así. Rociar con tóxicos a decenas de miles de colombianos difícilmente puede tener alguna justificación viable. Que en el fondo la cosa no hace daño es la fórmula comodona y miserable que algunos químicos improvisados han tratado de esgrimir para defender la operación. Pero incluso extremando la razonabilidad y partiendo del supuesto de que hay estudios serios con resultados diferentes, el riesgo de afectaciones gravísimas (que incluyen el cáncer, como afirmara, cuando tenía otro amo, nadie más y nadie menos que el actual ministro de Salud) sigue siendo alto; y ninguna democracia que merezca ese nombre expondría a semejantes riesgos a un número tan grande de sus ciudadanos. Lo puede hacer este régimen bajo la condición de exclusión extrema de los dolientes y de que pueda responder a sus movilizaciones con bala (como lo ha venido haciendo).
Precisamente por eso, priorizar la fumigación sobre la sustitución es una violación brutal de todo lo que significó el Acuerdo de Paz. En este caso particular, con dos implicaciones notorias. Por un lado, afecta el núcleo de ese acuerdo (construir una nueva forma de relacionamiento entre el Estado central y los territorios). Por el otro, cuesta en términos de legitimidad. Hace muchos años, Patricia Lara publicó un libro sobre nuestro conflicto que ha envejecido con gran dignidad y que aún amerita su lectura. Su título recoge el conocido refrán: Siembra vientos y cosecharás tempestades. Apliquémoslo al presente: ¿qué cosechará este país si su Gobierno se empeña en sembrar veneno? Estos ataques aéreos se perciben —correctamente, a mi juicio— como una agresión de fuerzas lejanas, que no tienen consideración alguna por los intereses de la población. A los territorios que han demandado durante décadas mayor presencia del Estado, la administración Duque responde con la fórmula mágica de presencia por aspersión.
Se podrá decir que al menos el Gobierno de Duque obtiene por esta vía el asentimiento estadounidense. ¿No ordenó públicamente Trump a Duque disminuir las hectáreas sembradas con coca, sin que nuestro presidente se inmutara? Pero tampoco. Ya hubo cambio de tercio. Ahora parece que los estadounidenses observan cuidadosamente qué harán los colombianos. Diversos estudios muestran que la fumigación no es particularmente eficiente (en los términos en que está planteada: disminución de hectáreas cultivadas. Yo hace rato pienso que esos términos claramente no son los adecuados, pero ese es otro problema). Además, para ellos hay temas adicionales. Prefieren una Colombia estable. En este momento, las fumigaciones son un factor de turbulencia adicional para un país que hace agua por todos lados.
Ni se sostiene la idea de que con esto se derrota al narcotráfico. Aquí hay un tema de prioridades y de métodos. ¿Si quieren atacar al narco, por qué no comenzar con su enorme e influyente presencia dentro del sistema político? ¿Y tienen siquiera una evaluación de lo que ha sucedido en el pasado? Todas estas iniciativas contra la droga, ¿qué tal funcionaron? Se puede comenzar con el pasado inmediato, que podría estar mejor documentado. ¿Se acuerdan de la prometida gigantesca maniobra para “recuperar” los parques? ¿Qué pasó con eso? Al Gobierno le pasa con sus políticas públicas lo que a escritores como Corín Tellado con sus novelas, que meten personajes en la trama y después se olvidan que estaban allí.
Sólo que Corín era una tipa eminentemente simpática y sus tragedias eran de ficción.
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