Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En medio de la cacofonía de nuestra vida pública, hay un debate interesantísimo que ha pasado desapercibido: el de hacia dónde vamos con respecto de la coca. Algunos han intentado mostrar que esta última se ha tomado el país. Algunas respuestas dicen que tenemos un récord de incautaciones. Esto es positivo, pero insuficiente. Hay que salir, así sea gradualmente, de esa manera de plantear el debate.
Tenemos que partir del reconocimiento de que la economía cocalera no apareció ayer ni existe por casualidad. Ha involucrado a lo largo de décadas a decenas de miles de campesinos y jornaleros. Esas poblaciones fueron atacadas brutalmente, a través de muchos medios, incluyendo el homicidio y la masacre: este es otro buen ejemplo de “combinación de todas las formas de lucha”. También se les ofrecieron distintos planes para el tránsito hacia la legalidad. Esta lógica de palos y zanahorias, a todas luces, no funcionó muy bien. Para Colombia —y el mundo— la guerra contra las drogas ha sido un desastre, humanitario, político y social, de proporciones mayúsculas. Más benévolo, el llamado “desarrollo alternativo” tampoco sale demasiado bien librado. Los planes de tránsito hacia la legalidad rara vez funcionaron, y cuando lo hicieron generalmente fue a través de esquemas que concentraban aún más la tierra y el poder en manos de latifundistas con buenas conexiones políticas (Murgas es un buen ejemplo de esto).
Estos desenlaces requieren una explicación sistemática. En el Observatorio de Tierras hemos tratado de proveerla. No creo que se pueda hacerlo sin tener en cuenta las ventajas de la economía cocalera y otras análogas (como la marihuana) sobre muchas de las legales, que han acaparado el grueso de la ocupación del territorio en el país. La coca es un rubro de pequeños cultivadores, excelente empleador, vinculado a mercados mundiales, cuyos impactos económicos positivos sobre las regiones no son para nada desdeñables. Si uno hiciera abstracción de su ilegalidad, sería precisamente el tipo de economía rural que uno quisiera tener en un país con una concentración de la tierra tan asfixiante y brutal que de partida invita a toda clase de conflictos envenenados.
Claro: la moneda tiene otra cara (otras caras). Como por definición no puede ser regulada por el Estado, abre una puerta para que grupos armados ilegales traten de establecer su control territorial a partir no sólo de la violencia sino de la provisión de una oferta regulatoria. Y la vida pública y el estatus internacional del país han sido constantemente minados por la presencia masiva de las economías ilegales.
Esta es una descripción esquemática (a los interesados les sugiero consultar los trabajos del Observatorio; también, la página web del proyecto Drugs & Disorder, sobre el papel de las economías ilegales en el tránsito de la guerra a la paz). Pero plantea un aspecto del problema que creo es muy importante. La cuestión no es sólo cómo deshacernos de la coca. Esa es, claro, una preocupación legítima en lo inmediato. Pero la de largo plazo debería ser cómo llevarla de manera sostenible hacia la legalidad preservando al menos algunas de sus características positivas.
Si no las tuviera, el cultivo no se hubiera mantenido durante tanto tiempo, a pesar de las múltiples catástrofes que han tirado sobre la cabeza de campesinos y jornaleros. Este elemento mínimo de racionalidad implica volver al tema con una explicación y una reflexión de política pública para adultos (en lugar de la que predomina, profundamente infantilizante y planteada en simples términos de maldad y pureza).
Una perspectiva de política pública adulta debería poner en el centro de sus preocupaciones las capacidades estatales de regulación y de promoción de economías eficientes de pequeños propietarios, con ahorro y alta capacidad de empleo. Esto puede ser difícil, pero no lo creo inviable. Y podría contribuir a desnarcotizarnos y cambiar las relaciones del país con socios estratégicos y con el mundo en general.
Conoce más