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Ya a punto de salir, pero con la esperanza de mantener su poder en cuerpo ajeno, Barbosa ha mostrado la que acaso considere su carta más poderosa: acusar a Petro de cómplice de los narcotraficantes, por suspender la aspersión de los cultivos de coca y proponer la paz. Así, ha calculado, involucrará a los Estados Unidos en su plan de desestabilización contra el actual Gobierno, lo que permitirá a este tomar vuelo.
Hasta el momento, no le ha ido bien. Acertó el Gobierno estadounidense al hacer que lo recibiera el secretario del secretario del secretario, un señor de medias color rojo incendio, que tiene poder real en sobre todo Bogotá. Toda la puesta en escena fue patética. Lo mejor que se le pudo ocurrir a Barbosa fue rendir informe frente a las autoridades norteamericanas antes que a las nuestras. Nadie respeta a esta clase de gente.
Pero hay cosas más de fondo que esto, naturalmente. El momento está pésimamente escogido. La administración Biden enfrenta problemas enormes, internos e internacionales, frente a los cuales Barbosa queda reducido a sus justas proporciones. Lo menos que necesita la potencia del norte es otro problemón en un país que, pese a sus dificultades y violencias, mantiene esa estabilidad institucional relativa que nos ha caracterizado durante tanto tiempo.
Creo también que, después de décadas de horrores de la guerra contra las drogas, diferentes actores han ido aprendiendo. Espero no estar pecando de excesivamente optimista. El gran negocio de un amplio sector de las élites colombianas fue, durante ese período, fumigar masivamente a campesinos y asesinar opositores, mientras hacía pingües negocios con los narcos. Los paramilitares fueron el otro vértice de ese triángulo no amoroso, sino de odio y codicia. No estuvieron ni de lejos en esas alianzas todos los ricos y poderosos, pero sí muchos. Al atacar de manera virulenta a los más pobres y a los más vulnerables, mataban varios pájaros de un tiro. Uno de ellos era legitimarse frente a los gringos. Ese pacto (“yo fumigo, a cambio tú me dejas hacer mis cositas”) contribuyó a la criminalización masiva del sistema político colombiano. El que esas redes de poder empiecen a tener algunos frenos no le ayuda al narco, sino que lo debilita. Un saneamiento que nos saque de ese pacto destructivo —que además mina continuamente al Estado colombiano— conviene a todas las partes que genuinamente quieran combatir el poder narco en Colombia.
Lo alarmante es que la dura experiencia nos está demostrando que hasta esa invertebrada nulidad que es Barbosa, con todas sus grotescas estridencias, podría, con un poquito de astucia y un mucho de mala fe —quizás sus dos principales características—, mantener su control sobre la Fiscalía. Qué mal parada quedaría entonces la Corte Suprema de Justicia. Su dilación cómplice sería un atentado directo a la institucionalidad y a nuestros derechos ciudadanos. Pienso que en esas circunstancias es legítimo que la opinión, que ya conoce de las múltiples y gravísimas sospechas que rodean la arbitraria y turbia gestión de Barbosa, presione de todas las maneras legales a la Corte para que tome su decisión pronto.
Si por la Fiscalía llueve, por el otro gran órgano de descontrol no escampa. ¿Será que el novísimo criterio de legalidad que parecerían estar abrazando la señora Cabello y otras personas como ella —cualquier cosa que afecte a los clanes políticos regionales es punible— termina imponiéndose? Me imagino que habrá más de uno, en diversos lugares del espectro político, que entiende lo que significa esto para el futuro inmediato del país. Entre otras muchas cosas, sería la gran fiesta del narco, precisamente.
Se supone que Fiscalía y Procuraduría no son entidades para hacer oposición. Tampoco para congraciarse con el presidente de turno. Barbosa y Cabello fueron sucesivamente culpables de las dos cosas. Han hecho una gestión sesgada y malsana, carente de cualquier asomo de ecuanimidad y de integridad.
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