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El gobierno saliente puso el mejor de sus empeños en hacer trizas un Acuerdo de Paz que ya había sufrido severas distorsiones y daños. Sin embargo, parte de lo que construyó —allí donde tuvo condiciones mínimamente favorables— funcionó bien y le dejó importantes réditos al país. Toda esta ordalía le deja al país lecciones simples e importantes, que vale la pena asimilar.
El mejor ejemplo de lo que sí ha funcionado es la institucionalidad de la verdad y la justicia transicional (punto 5). Ella contó con garantías internacionales fuertes —incluso desde el Consejo de Seguridad de la ONU—. A la vez, los colombianos teníamos significativas capacidades en este particular (una impresionante tradición jurídica, experiencias previas en evaluación de ciclos de violencia, etc.). Por eso, no sorprende pero sí emociona verla produciendo resultados. La sesión en la que la cúpula de las Farc reconoció y dio detalles sobre la dinámica criminal del secuestro ante la JEP y las víctimas fue a la vez estremecedora y pedagógica. Los que habían dicho, o sugerido, una y otra vez que ese tribunal había sido hecho a la medida de la guerrilla callaron.
En este mismo período vertiginoso también presentó ante el país su Informe Final la Comisión de la Verdad. Creo que la labor de la Comisión se tiene que evaluar en al menos cuatro dimensiones relacionadas pero diferentes. La primera es la moral: la de poner al país frente a sus propios horrores. No creo que contemos con nadie mejor que el padre De Roux para encabezar esa operación. Era importantísimo, tocaba hacerse y se hizo de manera poderosa y conmovedora. La segunda es la de establecer a grandes rasgos conclusiones sobre nuestro conflicto que pudieran convertirse en referencia para el debate público, las víctimas y los investigadores. Para poner uno de los varios ejemplos posibles, la Comisión hizo una cuantificación usando herramientas de punta de “quién le hizo qué a quién”, para usar el título del libro de Patrick Ball que ya es referencia obligada en este terreno. Además, contribuye con documentación masiva pública, ya en sí un avance significativo. La tercera es la de desarrollar narrativas apoyadas en esos grandes rasgos y en evidencia adicional. La cuarta es la de proveer recomendaciones. Estas últimas dos dimensiones estarán, inevitablemente, sometidas a controversias, algunas duras —como cualquier producción académica—. Que esto sea así no la disminuye.
¿Cuando a la Comisión se le critica amargamente su sesgo qué se está denunciando? ¿Que haya dicho que los paramilitares tenían densos y múltiples vínculos con el Estado? Era fundamental que lo hubiera dicho, precisamente porque ya todo el que había estudiado el tema lo sabía. Hay que pensar en el significado de las palabras en cada contexto. ¿Es posible emitir un juicio “no sesgado” sobre, digamos, los paramilitares? Las tonterías proferidas por Duque y su equipo (Barbosa, etc.) son en este particular bastante irritantes. Pero eso no debe hacernos olvidar que es un tema muy complejo. ¿Alguien se animará a plantear o a hacer un buen debate sobre él?
Ahora hagan el contraste entre esta riqueza y la situación con respecto del tema agrario. Aquí no sólo estamos estancados en lo principal (acceso a tierra), sino que ha habido retrocesos brutales (retorno del glifosato). Déjenme sacarme un clavo: cada vez que decía eso, salía alguien con la mirada iluminada a contestarme que estaban los PDET. Entiendo: hubo gente que se reventó el alma en los territorios impulsándolos. Pero nunca fueron la gran solución ni se condujeron particularmente bien y terminaron siendo cooptados (como lo preví en mi libro sobre el nuevo ciclo de violencia) por la politiquería y el megaescándalo de corrupción del OCAD con el que se despide esta administración.
Ahora estamos finalmente en posición de avanzar aquí, también, y para ello es importante entender lo que logró funcionar, a pesar de todo.
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