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El acuerdo firmado entre el Gobierno y Fedegán para impulsar la llamada “reforma rural integral” del Acuerdo de Paz de 2016 contiene avances, pero también problemas.
Con respecto de los avances, contribuye significativamente a desinflar las pasiones y los odios que han marcado la vida pública del país en las últimas décadas. Contra la predicción (llena de pavor profiláctico) de tantos comentaristas, líderes políticos, etc., este Gobierno se ha movido hacia el centro y contra la polarización. No creo, por lo demás, que aquellos tengan el valor de rectificarse. No importa. La gran ganadería, que estuvo en el centro del conflicto armado, obtiene ahora una suerte de oxigenación, pero da algo a cambio: el reconocimiento del Acuerdo de Paz y de los objetivos agrarios estipulados en este.
Además, si uno vive mirando hacia atrás, cultivando sus rabias, tarde o temprano se tropezará. Y de pronto —sólo de pronto— esto nos permita acercarnos a un país sin guerra. ¿Qué piensan? ¿No es poco, eh? A lo que hay que agregar que, si efectivamente los terratenientes “aflojan la tierra”, para usar la expresión de Darío Fajardo, dentro de la frontera agraria, alguna redistribución con sentido habrá.
Pero tampoco es para echar las campanas al vuelo ni para proclamar que la tan exigida —y a mi juicio tan necesaria— reforma agraria ya está en camino. Pues los costos son muy grandes. Comienzo por los literales: esta cosa vale billones. Y plantea interrogantes serios. ¿Por qué comprar las hectáreas al valor de mercado y no al valor de libros (que reposan en las notarías; ni para el Gobierno ni para los ganaderos de hecho ha de ser difícil acceder a ellas)? ¿Por qué premiar a agentes que, además de tantas cosas que son de dominio público, han venido evadiendo impuestos cruciales a lo largo de las décadas?
No recordemos ya que la operación se traga de lejos lo obtenido por la reforma tributaria. Pero lo que más me inquieta es que en la práctica lo que se hará es transferir dineros desde la industria (que afortunadamente comenzará a aportar más gracias a la tributaria) a grandes terratenientes que han sido históricamente, y siguen siendo, extraordinariamente ineficientes. Exactamente lo contrario de lo que se hizo en el modelo coreano, que atrae (y con razón) al presidente Petro. Habría que pensar en que los bonos de pago tengan que usarse para capitalizar proyectos industriales con futuro exportador, como se hizo en aquel país.
De manera dolorosa, en el acuerdo, así como en el proceso que condujo a él, parecen cristalizarse las asimetrías históricas y brutales entre campesinos y grandes propietarios. El Ministerio claramente tiene vía directa con los gremios. No parece haber en perspectiva alguna semblanza siquiera de esfuerzo por establecer un mecanismo que se acerque —en términos de poder de decisión y dinamismo— a construir un relacionamiento análogo con las organizaciones sociales del campesinado. Ni el intento de promoverlas. El acuerdo hace una mención vaga y marginal al asunto, pero de estas he leído literalmente cientos en diversos documentos oficiales. ¿Dónde están los mecanismos para que la ministra comience a conversar con líderes del campesinado en términos de política pública, similares a los que usa para hablar con los jefes de los gremios? ¿Les parece muy descabellado? No lo es. Para no ir más lejos, en Colombia hubo períodos en los que eso se trató de hacer… En este, como en varios otros sentidos, el reformismo realmente existente del 2022 está aún muy por debajo de los estándares del Frente Nacional.
Hay, además, muchas cuestiones que el acuerdo plantea pero que producen dudas; no alcanzo a desarrollarlas aquí, pero son críticas. ¿Cuándo llegará la tierra? Se plantea que su “adquisición” facilitará” “la ejecución de proyectos productivos en escalas rentables”. ¿Entonces a quién le llegará? ¿Al campesinado o a la agroindustria? Habrá que estar muy pendientes.
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