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La articulación clasista con pretensiones aristocráticas que imbricó a élites económicas y políticas en América Latina fue definida por la academia como oligarquía.
En países como Argentina y Uruguay desapareció luego de la crisis económica mundial de 1929. En México ya se había extinguido por efecto de la Revolución. Y posteriormente se acabó en casi todos los países de la región.
Pero en Colombia sobrevivió por largos años, en parte como consecuencia de la tardía modernización capitalista iniciada con la Violencia. Su deceso lo precedió una lenta agonía que comenzó con el Frente Nacional y culminó en 1990 con el gobierno de Gaviria, primer líder regional en alcanzar la Presidencia. Durante este lapso hubo figuras ajenas que se incorporaron a esta élite y ayudaron a prolongar su larga vida. Un ejemplo de esa integración consentida fue Turbay.
Los herederos de tales familias lograron competir con ventaja en cargos políticos de primer nivel, como se vio con Samper y Santos, quienes, junto con Pastrana —descendiente de otro incorporado—, se mezclaron con figuras emergentes, entre las que se destaca Uribe.
La suerte de la mayor parte de sus antecesores, que hicieron parte de lo que se llamó la fila india de aspirantes a la Presidencia, fue mejor que la de sus herederos. A Samper le fue como a los perros en misa, como efecto de su avivatada al aceptar la platica de narcotraficantes para su campaña, pero sobre todo por dejarse pillar en prácticas ya conocidas, así fueran de aspirantes a otros cargos.
A Pastrana no le fue mejor. Su incompetencia política lo hizo sucumbir ante las triquiñuelas de las Farc, abonando el campo para el ascenso del más sagaz de los políticos emergentes, quien ha hecho gala de sus jugarretas con tal de defender intereses egoístas, haciendo creer que hacen parte de sus sacrificios por la patria.
Hoy tenemos a Santos, quien no obstante haber luchado de buena fe para pasar a la historia como gobernante reformador, sus contradicciones políticas lo han obligado a confrontar la más grande movilización social desde el “paro cívico nacional” de septiembre de 1977, durante el gobierno de López.
Hay que reconocer, sí, que ha aceptado que el Estado es victimario, que ha promovido una justicia transicional razonable y que sus traspiés han ocurrido en una difícil coyuntura. Esta incluye —entre otros factores— el proceso con las Farc sin cese de hostilidades, el agotamiento de la paciencia de grupos excluidos por siempre, el oportunismo de algunos gremios, el germen social de una larga historia de violencias y la agresiva frustración política del uribismo.
En medio de este caos, Santos tuvo tiempo para asistir a la celebración del centenario del nacimiento de una figura destacada de la oligarquía. En este evento, sumó sus elogios a los proferidos por medios y políticos, pese a que el “mandato claro” fue una gran frustración política por el incumplimiento de la promesa de alcanzar una sociedad más equitativa. ¿Tendrá conciencia el presidente de que es víctima tardía de esa frustración?
*Francisco Leal Buitrago
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