El voto obligatorio

No cabe duda de la conveniencia de sacar adelante una reforma política destinada a corregir normas contrarias a la esencia del régimen de democracia liberal que nos cobija, que han sido consecuencia —entre otros problemas políticos— de la debilidad política del Estado y la inexistencia de un sistema de partidos operante. Pero, acá, el voto obligatorio no hace parte de las medidas adecuadas para ello. Veamos algunas razones al respecto.

1) El voto obligatorio contradice la esencia liberal, que se caracteriza por el ejercicio de las libertades ciudadanas, en tanto no afecten las del resto de ciudadanía. La opción de votar o de abstenerse se ubica en el núcleo mismo del régimen, ya que es el primer derecho de ciudadanía que se adquiere.

2) En un sistema político como el nuestro, en el cual el clientelismo y la corrupción son prácticas constantes en la política —reflejadas en la mala reputación de candidatos, la compra de votos y la coacción a los electores en buena parte del territorio nacional—, no se les puede facilitar el trabajo a quienes se benefician de esta situación al obligar a votar.

3) Mientras no haya un sistema de partidos operante, no será posible sacar adelante candidaturas que cautiven a la gran masa de votantes de opinión. Con el voto obligatorio, esa masa tendría que hacerlo sin tener suficiente conocimiento de causa, reforzando los problemas mencionados.

4) Pero lo más inquietante es la marginalidad y la exclusión de gran parte de la población que vive del rebusque —¿empleo informal?—, a la cual sólo le preocupa su diario subsistir. De hecho, esos ciudadanos no existen como tales —pues el Estado no les reconoce sus derechos y desconocen sus deberes— y por lo tanto se exponen a votar para salir del paso ante la nueva situación o, si no lo hacen, se exponen a sanciones que los alejarían aún más de sus posibilidades de superar su crítica situación.

Antes de aprobar de manera definitiva este problema político adicional —dentro de los muchos con que cuenta la sociedad—, Gobierno y Congreso deberían preocuparse por modernizar la Registraduría Nacional del Estado Civil —entre otras cosas con el voto electrónico— y reformar el Consejo Nacional Electoral.

Y, por si fuera poco, la parafernalia en costos y organización que habría que adicionarle a la organización electoral complicaría aún más la situación actual, que no se caracteriza por ser la más expedita. Antes de meternos en camisa de once varas, deberían arreglar lo que tenemos.