Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La desmovilzación guerrillera es prioritaria para el país, no solamente para acabar con el conflicto armado interno, sino también para corregir problemas provocados en las instituciones públicas por la prolongada confrontación. Entre ellos sobresalen las deficiencias en seguridad ciudadana.
La actual percepción de inseguridad no radica —como hace algunos años— en las acciones guerrilleras, sino en el diario acontecer de la ciudadanía. El realce mediático de las acciones subversivas es más una consecuencia política de la polarización alrededor del tema de la paz, que un efecto de su peso en las estadísticas de criminalidad. Durante la Política de Seguridad Democrática de Uribe, la seguridad ciudadana quedó al garete bajo la responsabilidad de la Policía Nacional, pues esa política se centró en el aniquilamiento de las Farc. Tal situación tuvo —y tiene— el agravante de que la Policía es una ‘rueda suelta’ que depende del ministro de Defensa —no del Ministerio, como se cree—, problema que compensó en parte la acertada dirección institucional del general Naranjo.
La necesaria reubicación de la Policía, dada su condición constitucional de cuerpo civil armado, debería ser en el Ministerio del Interior y no en uno nuevo (¿otro más?), pues dejaría sin solución parte de su condición de ‘rueda suelta’. Al incorporar a la Policía al Ministerio de la política se fortalecería este campo que es crítico en el país, dando oportunidad para rediseñar ambas instituciones. El rediseño policial se centraría en el álgido problema de la seguridad ciudadana, que es propio de una policía moderna por su carácter cívico y urbano. Eventualmente, podría crearse —o reforzarse— un cuerpo policial cuasimilitar —ojalá transitorio— para que se ocupara de las bandas de delincuencia organizada, en coordinación con el Ejército.
En ese rediseño sería importante incluir la educación ciudadana en distintos frentes del quehacer público, pues lo único que apenas pudo percibirse al respecto fue durante la alcaldía de Mockus en Bogotá. Además, habría que plantear que en la reforma educativa prometida durante la campaña reeleccionista se creara una cátedra de educación cívica en los colegios, pero articulada con la labor policial.
Para mejorar el ranquin nacional en las pruebas Pisa —resultado final de una amplia medición de calidad en educación—, habría que desarrollar un prolongado, profundo y costoso proceso educativo integral. Lo planteado sería apenas su punto de partida. La chichigua presupuestal que permitió escasamente sobrepasar el presupuesto en defensa para 2015, muestra lo difícil que es volver realidad las promesas electorales.
Una educación integral —pública y privada, formal y universal—, con controles de calidad hasta ahora ausentes, es el mejor complemento a una labor policial de seguridad ciudadana, puesto que reduciría drásticamente la delincuencia común, que es la que exaspera con razón a la ciudadanía y determina su percepción de inseguridad.
Con el paso de los años —y esto es lo importante—, esa educación integral se reflejaría en una disminución significativa de las desigualdades sociales, así como del mal llamado subempleo o empleo informal, que no es sino el eterno rebusque en este país en el que la exclusión social ha sido la constante.
Francisco Leal Buitrago *
Conoce más