Por justicia, por salud o por empatía

No hay que hacer espiritismo para saber que las prisiones de Colombia están -en su inmensa mayoría- tomadas por el hacinamiento y la reiterada violación a los derechos humanos. Lejos de ser un escenario de resocialización, se han convertido en huecos ferozmente sobrepoblados, donde se reciclan enfermedades y amenazas, miedos y delitos. Son el escenario de ese horror reiterativo que empezó con la pretensión de curar con venganza y castigo los errores del mundo; la ley del Talión, tan bárbara, tan opuesta a la reparación y a la reconstrucción social.

Los gobiernos de capitales, regiones y país, acogieron las pautas de aislamiento dictadas por distintas autoridades en salud. Muy bien. Lo que no entiendo es en qué parte del libreto los reclusos dejaron de ser ciudadanos y no los cobijan las medidas de protección dictadas para el resto de los colombianos.

¿Cuándo dejó de importarnos -o es que nunca nos importó- que los presos compartan celdas, frustraciones y corredores, en medio de una multitud mal nutrida, desprotegida y con un hacinamiento de más del 53 %? No me vuelvan a decir que lo tenían merecido porque “no estarían recogiendo café”. Nadie merece morirse anónimo, entre racimos de cuerpos crónicamente humillados. Perder la libertad por justa o injusta causa no puede llevar implícito el perder la salud, la dignidad y la vida: los derechos humanos no son patrimonio exclusivo de los libres o los bienaventurados.

Tenemos varias cosas definidas en la cuarentena… los dos metros de distancia entre una persona y otra; y hasta que un perro pueda sacar a pasear a un humano, para que el humano venza la claustrofobia. Bien.  Pero que los reclusos estén muriéndose sin tener espacio ni para dejar una sombra, de eso poco se habla.

Se ha pedido en todos los tonos la excarcelación y/o prisión domiciliaria para los reclusos que cumplan algunas condiciones de edad, enfermedad o tipo de delito cometido. Y lo primero que hacen quienes deberían desactivar la bomba de tiempo que se cocina en las cárceles, es sacar a Santofimio y a Palacino, y de ñapa, abogar por Uribito/Arias. A ver: ellos tres no son los mejores exponentes del riesgo carcelario por hacinamiento, ni representan a los 23 reclusos muertos o a los 83 heridos, esa noche, en la Modelo. No estábamos pensando en los presos de cuello blanco y conciencia oscura, cuando planteamos que, en tiempos de pandemia, tener a los reclusos amontonados, hirviendo en una mezcla de miseria física y emocional, es dictarles sentencia de muerte; a ellos, y a la sociedad que rápidamente se vería sumergida en el efecto de un contagio desbocado.

Por caridad o por justicia, por salud, empatía o constitución, ¡por lo que quieran! entiendan que los reclusos no son ciudadanos de quinta categoría, y el gobierno tiene la obligación de velar por ellos.

Cada tecnicismo, cada minuto de retraso en la expedición del decreto, se empezó a pagar en vidas humanas: El sábado 21 de marzo en la Modelo, y 3 semanas después, en la cárcel de Villavicencio. Así de triste es la vida para algunos; y así de urgente, atajar la muerte.

ariasgloria@hotmail.com